La Fiscalía se querellará por la compra de urnas de la Generalitat
La Generalitat prevé el suministro de 12.000 unidades por valor de 200.000 euros
La Fiscalía General del Estado tiene ultimada una querella en relación con la adquisición de urnas para convocatorias electorales por parte de la Generalitat. El Gobierno ya advirtió la semana pasada que las instancias correspondientes estaban pendientes de cualquier preparativo para la celebración de un referéndum en Catalunya y que se iniciarían acciones legales en cuanto se produjera algún paso que pudiera suponer un incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC). Y esto es lo que se entiende que ocurre con la publicación ayer en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del acuerdo marco sobre la homologación de empresas para el suministro de urnas.
El acuerdo del departamento de Governació y firmado por su secretario general, Francesc Esteve, prevé la homologación de empresas para el “suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana”, de acuerdo con las diversas leyes tanto españolas como catalanas vigentes en materia electoral. Estas empresas, que a partir de ahora disponen de quince días para presentar sus cartas credenciales en la sede de la misma conselleria, deberán estar en condiciones de cubrir un contrato que, con un presupuesto base de licitación de 200.000 euros (sin IVA), prevé la fabricación de 8.000 urnas transparentes de metacrilato (184.000 euros, a un precio máximo de 23 euros la unidad) y 4.000 urnas de cartón (16.000 euros, a un precio máximo de 4 euros la unidad).
Por el momento, en la Fiscalía no se ha concretado quién o quiénes serían los destinatarios de la querella. Es decir, contra quiénes se va a dirigir la acción penal. Pero con toda probabilidad el firmante del acuerdo marco no sería el único destinatario de la iniciativa puesta en marcha. En todo caso, el objetivo es claro: cercenar desde el primer momento cualquier disposición que pueda facilitar el camino hacia la celebración de un referéndum de independencia en Catalunya.
Lo que sí se ha avanzado, en línea con las advertencias hechas durante los procesos por la consulta del 9-N, es que esta vez se ampliará el abanico de los supuestos delitos contemplados. Entonces fueron los de desobediencia y prevaricación. En esta ocasión la querella se referiría también a la comisión de delitos de desobediencia y prevaricación, pero además se añadiría un tercero, el de malversación de caudales públicos. La diferencia no es menor ni sólo de matiz. El delito de malversación, a diferencia de los otros dos ya mencionados, no tiene previstas sólo penas de inhabilitación y multa, sino también pena de prisión. Cabe decir, en suma, que la respuesta penal del Estado frente a las iniciativas del soberanismo puede subir de intensidad conforme se produzcan iniciativas para las que en ningún caso habrá una respuesta permisiva ni de pasividad.
Claramente, el Gobierno no quiere que se repita la experiencia del 9-N, en la que la reacción ante la consulta se produjo a posteriori, mientras con anterioridad a su celebración el Ejecutivo hablaba de la convocatoria como un simple simulacro. En paralelo, a la Fiscalía sólo se le pidió una actitud de discreta vigilancia, sin la toma de decisiones ni iniciativas concretas para detener el llamamiento a las urnas.
Ahora, en cambio, la actitud del Gobierno es de oposición frontal al referéndum. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señaló en este sentido que el referéndum soberanista en Catalunya “no puede hacerse” y “no va a hacerse”. Y pidió a los independentistas en general que se alejen de
EL PROPÓSITO El Gobierno y la Fiscalía no quieren que se repita la experiencia de las imprevisiones del 9-N LOS DESTINATARIOS Los fiscales estudian contra quién dirigir la acción penal y añadir el delito de malversación
su “realidad secesionista paralela”, que se está quedando “del tamaño de una urna”, y al Govern en particular que “pare de una vez esta dinámica”.
El gabinete de Carles Puigdemont, mientras tanto, defiende la plena legalidad de su actuación, amparada en el marco de las leyes vigentes y las competencias de la Generalitat, según remarcó la consellera de Presidència, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. “A nadie le debería extrañar que el Govern ejerza con toda normalidad sus competencias y mantenga el compromiso inequívoco en la celebración del referéndum”, argumentó la titular del departamento de Presidència, que por esta razón subrayó que “no se entendería ni tendría ningún sentido una actuación judicial, porque nos ampara la ley y no hay ninguna normativa que prohiba la compra de urnas”. Y al filo de todo ello advirtió que “no permitiremos amenazas ni intimidaciones” al propio Govern ni a las empresas y entidades y aseguró que “defenderemos la libertad de las empresas de poder trabajar y de las entidades de poder manifestarse en favor del referéndum”.
La portavoz del Govern no especificó, en cualquier caso, en qué consistiría esta defensa, más allá de “explicar allí donde haga falta la manera de actuar que tiene el Gobierno español”, consciente, de todos modos, de que a la homologación para el suministro de urnas pueden concurrir también empresas de fuera de España a las que, en principio, la presión de los poderes del Estado no afectaría. “El problema está en quién las amenaza”, recalcó. Tampoco aclaró quién firmará la compra de las urnas cuando llegue el momento de realizarla efectivamente, aunque todo apunta a que no la firmará ningún conseller en particular, sino el Govern en su conjunto, a partir de la precisión incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de que precisamente el Govern puede actuar como órgano de contratación. Y lo que no negó Neus Munté, en cambio, aunque sin verbalizarlo tal cual, es que las urnas sirvieran para el referéndum, porque “la democracia necesita urnas, este país necesita urnas, se necesitan urnas para diferentes procesos y momentos, y necesitamos poder votar también en un referéndum”. “Tendremos urnas”, sentenció.
Junts pel Sí y la CUP, por su parte, secundaron al Govern en su actuación en esta materia, mientras la oposición, por el contrario, le censuró. Desde Cs, Fernando de Páramo instó al presidente de la Generalitat a “no gastar el dinero de todos los catalanes” en comprar las urnas del referéndum “con la obsesión de repetir el fracaso del 9-N” y le avisó que las únicas urnas que puede adquirir son para llevar a cabo elecciones. El PP, a través de Andrea Levy, advirtió al Govern que “no va a haber escapismo legal”, porque “no hay ninguna rendija por la que se pueda colar una sola ilegalidad”. Y el PSC también marcó distancias con el anuncio de la Generalitat, con el argumento de que “si estas urnas sirven para alguna cosa es para la convocatoria de unas elecciones autonómicas que tendremos este año o a inicios del que viene”, destacó Eva Granados, que lamentó “el bucle continuo en el que se suceden estos anuncios”.
Las empresas que resulten homologadas para el suministro de urnas pueden ser de fuera de España