Ni contra la ley ni sólo con ella

NO degrademos nuestras instituciones saltándonos el Estado de derecho ni bloqueando los cambios que son necesarios y posibles. Esta es la idea central del manifiesto Contra la llei, no; només amb la llei, tampoc, que impulsan varios juristas de prestigio y fue presentado ayer. En dicho texto se recogen una serie de peticiones, dirigidas unas al Gobierno de España y, otras, al de la Generalitat. Entre las primeras se cuenta la de iniciar rápidamente la negociación sobre diversas materias planteadas de modo reiterado por el Gobierno catalán, relativas al ejercicio de sus competencias y a la ejecución de inversiones estatales en Catalunya largo tiempo demoradas; o la de cumplir los compromisos sobre la disposición adicional tercera del Estatut, la financiación de los Mossos o la ejecución del plan de Rodalies. Entre las segundas peticiones, dirigidas a la Generalitat, están la de que se suspenda, aunque sea provisionalmente, la convocatoria de un referéndum de autodeterminación; la de renunciar a la desobediencia del marco legal; la de participar activamente en las negociaciones con el Gobierno central, etcétera.

Este manifiesto, que cuenta con el respaldo, entre otros, del exvicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay; del catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, o de la exconsellera de Justícia en el primer Govern de Artur Mas, Pilar Fernández Bozal, será sometido a debate mañana en el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Pero ayer ya suscitó no poca atención. Lo cual es pertinente, por lo que tiene de llamada al diálogo y a la negociación en un momento en que las posiciones políticas en el conflicto catalán están muy encontradas y no se vislumbra salida.

La Vanguardia ha hecho repetidos llamamientos al diálogo, como única vía posible para superar el encono al que han conducido un movimiento soberanista que se dice dispuesto a saltarse el ordenamiento legal y un Gobierno central al que le ha faltado mucha agilidad a la hora de dar satisfacción a las reclamaciones catalanas. Hasta la fecha estos llamamientos han sido en vano, pese a basarse en la sensatez que tradicionalmente, y con todo merecimiento, se ha atribuido a los catalanes. Por ello resulta reconfortante escuchar a juristas de probada profesionalidad pronunciándose en favor del diálogo y de la búsqueda del acuerdo. Carece por completo de sentido que el Govern haya embarcado al conjunto de la sociedad catalana en una nave que dice haber puesto proa hacia la independencia, pero cuyo rumbo es más que incierto. Como carece de sentido el quietismo y la insensibilidad del Gobierno central, que no sólo desoye (más allá de ciertas gesticulaciones) las demandas catalanas, sino que además parece haber confiado su timón a un piloto automático que apuesta sistemáticamente por la judicialización del conflicto. Ayer tuvimos la última prueba de lo dicho, gracias al rápido anuncio de querella efectuado por la Fiscalía al poco de que el Diari Oficial de la Generalitat publicara la licitación del contrato para la adquisición de urnas destinadas a un hipotético referéndum o a otro tipo de consulta.

Pese a estas y otras iniciativas anteriores, insistiremos una vez más en que no estamos ante un problema judicial, sino político, y que como tal exige una acción política. La solución al actual conflicto sólo puede venir, y de modo exclusivo, por esta senda. Cuanto antes la tomen unos y otros, mejor para todos.