Santamaría analiza con el CSIF la situación de los funcionarios catalanes

La situación de los funcionarios catalanes en el proceso soberanista ocupó ayer una parte de la reunión que mantuvieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Miguel Borra, que tenía en principio el objetivo de conocer las reivindicaciones laborales de los empleados públicos.

Gobierno y CSIF, sindicato minoritario entre el funcionariado catalán, coincidieron en el análisis de la situación de los empleados públicos dependientes de la administración catalana, así como la necesidad de preservar su labor y evitar que se vean perjudicados por decisiones “de dudosa legalidad”, tras “las declaraciones sobre supuestas sanciones a los funcionarios que no colaboren con el proceso”. Con ese objetivo, el CSIF entregó a la vicepresidenta el protocolo que el CSIF ha remitido a sus afiliados en Catalunya, con las recomendaciones a seguir en caso de que se les ordene algo en relación con el proceso soberanista que tenga una dudosa legalidad, o vaya claramente en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional.

El protocolo recomienda a los empleados públicos que en el caso de recibir una orden que entiendan que puede ser ilegal, la pidan por escrito, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.

También establece el protocolo que caso de que el superior jerárquico persista en la orden, deje constancia de su parecer y acuda a los servicios jurídicos del CSIF, que se reforzarán y pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas. En los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario de no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes, e incluso interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.

La vicepresidenta conoció el protocolo de actuación que recomienda el sindicato a sus afiliados