Sombras sobre la Fiscalía
LA corrupción es percibida por los españoles como un problema de primera magnitud. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, es el que les causa mayor preocupación, sólo detrás del paro. El último informe al respecto de Transparencia Internacional abona dicha preocupación: España ocupa el lugar 41 en la lista del índice de percepción de la corrupción, en el que figuran 176 países. Emiratos Árabes o Bután, por ejemplo, ocupan un lugar más honroso que España en la lista. Esa es la mala noticia. La buena es –o debería ser– que España dispone de mecanismos para combatir la corrupción.
En 1995, siendo todavía presidente del Gobierno Felipe González, se creó la Fiscalía Anticorrupción (Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según su título completo). Integrada en el Ministerio Fiscal y dependiente de la Fiscalía General del Estado, se ocupa de un amplio abanico de delitos, con preferencia de los económicos y los cometidos por funcionarios públicos desleales.
Desde noviembre del 2016, ocupa el cargo de fiscal general José Manuel Maza. En lo que lleva de mandato se han producido hechos preocupantes en los organismos que dependen de él. Particularmente en la Fiscalía Anticorrupción, que fue asumida el pasado febrero por Manuel Moix. Su elección para el cargo ya causó sorpresa, puesto que era el único de los aspirantes ajeno a la institución que ahora encabeza. Y alguna de sus decisiones ha causado todavía más.
Quizás las dos decisiones más controvertidas de Moix sean el relevo de dos fiscales que tenían a su cargo las investigaciones del caso del 3%, de gran impacto en Catalunya y, por otra parte, sus actuaciones vinculadas al caso Lezo. Los fiscales de esta causa se rebelaron contra Moix cuando trató de obstaculizar las diligencias que llevaron a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González. Previamente, había sido destituido el fiscal López Bernal, que destapó el escándalo que terminó con la dimisión del presidente de la comunidad murciana, el también popular Pedro Antonio Sánchez.
Asuntos como los apuntados han dañado la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, así como la independencia que se le supone. Por ello, el fiscal general y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tuvieron que comparecer ayer ante la comisión de Justicia del Parlamento, para dar explicaciones a una oposición convencida de que hay connivencia entre un Partido Popular en busca de impunidad para sus corruptos y los altos cargos que nombra el Gobierno para la Fiscalía.
Catalá negó ayer que el Gobierno interfiera en la labor de la Fiscalía. Y Maza, que admitiera injerencias del Gobierno. Poco antes, el presidente Rajoy expresaba su confianza en Moix. Sin embargo, la sensación que persiste entre la ciudadanía es, a menudo, otra. Y cuando ocurre tal cosa es que algo no se ha hecho bien. Es inadmisible que un organismo como la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nombre es bien elocuente, incurra en conductas que se pueden interpretar como condescendientes con ciertos corruptos. También lo es que el Gobierno o los organismos que de él dependen se interesen por casos en curso con otro propósito que no sea el de esclarecerlos por completo y el de castigar a los culpables, si los hay. Es una verdad de perogrullo, pero la gran herramienta institucional para luchar contra la corrupción no puede pasarla por alto. Nunca.