Primer paso de Europa para exigir licencias a Uber
El abogado general de la UE opina que es una empresa de transporte El caso llega a Luxemburgo tras una denuncia en Barcelona
El dictamen cierra la opción de implantar el modelo de conductores particulares En España, Uber Pop fue prohibido en diciembre del 2015 por orden judicial
Uber sufrió ayer un fuerte revés judicial a escala europea que cuestiona su modelo como plataforma de economía colaborativa a través de su servicio Uber Pop. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, de modo que las autoridades nacionales pueden exigirle licencias y autorizaciones similares a las que precisan los profesionales del taxi o de los coches con chófer (VTC).
El abogado general Maciej Szpunar, del TJUE, cuya opinión no es vinculante pero que en la mayoría de los casos inspira el veredicto final del tribunal, considera así que Uber no puede beneficiarse del principio de libre prestación de servicios que el derecho comunitario garantiza a los servicios de la llamada sociedad de la información. Se espera que el tribunal de la UE dicte su fallo dentro de unos meses. Será vinculante y no podrá apelarse.
Esta es la respuesta del TJUE, máxima instancia judicial europea, a la cuestión prejudicial del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, a propósito de una denuncia que presentó la asociación catalana de taxistas Elite Taxi Barcelona contra la plataforma estadounidense, valorada en más de 50.000 millones de euros.
Para Uber, que ya no ofrece su servicio Uber Pop en España ni en ninguna de las grandes ciudades europeas por las restricciones regulatorias, supone un fuerte golpe porque cierra la opción de implantar el modelo colaborativo de su negocio tal como funciona en Estados Unidos y en el que el servicio es prestado por conductores particulares.
“Hemos conocido la opinión del abogado general y esperamos la decisión final del Tribunal a finales de año. Ser considerados una empresa de transporte no cambiaría la operativa que actualmente tenemos en la mayoría de los países de la Unión Europea. Esta decisión confirma la necesidad de un cambio normativo para que millones de personas puedan acceder a una movilidad más asequible y sostenible”, manifestó Uber en un comunicado. Actualmente, en España Uber opera exclusivamente en Madrid con sus servicios UberX y One, ambos ofrecidos por conductores profesionales, un mercado limitado por la concesión de licencias.
“La plataforma electrónica de Uber, aunque innovadora, pertenece al ámbito del transporte”, dijo el jueves el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Maciej Szpunar, que diferencia la actividad de la plataforma de otros servicios colaborativos como BlaBlaCar. “Si la sentencia del tribunal confirma el dictamen del abogado general, la economía colaborativa en Europa quedaría limitada a las plataformas para compartir trayectos y gastos de viaje”, asegura Miguel Ferrer, abogado especializado y director de políticas públicas en la economía digital de Kreab.
En España, Uber libra una dura batalla contra el sector del taxi y, de hecho, su servicio Uber Pop fue prohibido en diciembre del 2015 por orden judicial. El propio dictamen del TJUE avisa “que
aunque el desarrollo de nuevas tecnologías es en general objeto de controversia, Uber se presenta como un caso aparte”. Y añade en la introducción: “Su modo de funcionamiento suscita críticas e interrogantes, pero también esperanzas y nuevas expectativas. (...) En el plano económico y social, se ha llegado a acuñar el término
uberización. Por lo tanto, mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia conoce de una problemática altamente politizada y mediatizada”.
El juicio en Luxemburgo es consecuencia de la cuestión prejudicial planteada por el titular del juzgado mercantil 3 de Barcelona en el 2015, José María Fernández Seijó, ante la denuncia de la compañía barcelonesa Elite Taxi, que pedía que Uber se so- metiera a la legislación de transporte. El dictamen contradice varias sentencias de denuncias de la Generalitat que fallan que la plataforma no es una empresa de transportes sino que su actividad se rige por la legislación de la sociedad de la información. En Barcelona, la compañía acumula hasta 70 sanciones por incumplimiento de la ley de transporte (LOTT).