El juez cierra el caso Bankia y excluye al Banco de España y a la CNMV
Rato y una treintena más de ex altos cargos de la entidad rescatada serán juzgados
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó ayer el procesamiento de 32 exdirectivos de Bankia por fraude a los inversores y falsedad en las cuentas. Sin embargo, dejó fuera a los responsables de la CNMV y del Banco de España.
La investigación sobre el caso Bankia ha terminado. Pero la batalla jurídica no. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu procesó ayer a 32 exdirectivos de dicha entidad por el fraude de su salida a bolsa. Entre ellos están el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, el exministro del PP Ángel Acebes o el expresidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas. Hay también dos personas jurídicas, la propia Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Quedan fuera los antiguos responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre ellos el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, que estuvo al frente del organismo supervisor de los mercados de valores. Ambos habían sido incluidos como investigados a petición de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en contra de los criterios del juez.
La acción popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), cree que estas instancias y sus exresponsables deben estar también en el banquillo, y va a recurrir para intentar lograrlo. El archivo afecta también a Deloitte, aunque se mantiene en la causa como responsable civil. En cambio, permanece entre los acusados el socio de esta firma auditora Francisco Celma, en razón de los informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia.
El procesamiento de los 32 exdirectivos fue acordado ayer por Andreu mediante una resolución de 253 páginas. Además de Rato, Acebes y Olivas, figuran en la lista el ex consejero delegado del banco, Francisco Verdú; el exsecretario de Estado José Manuel Fernández Norniella, el exconsejero de OHL Javier López Madrid y el empresario Arturo Fernández. Con Acebes hay capítulo aparte, porque desde el PP se discute que le pueda alcanzar responsabilidad alguna, ya que su incorporación a Bankia se produjo una semana después de la salida a bolsa de la entidad.
El argumento esencial del juez para centrar las acusaciones en este grupo es que todos ellos formaban parte del consejo de administración de Bankia. Fueron ellos los que controlaron la operación que culminó con la salida a bolsa. Se puede discutir –dice el juez– la actuación de los órganos de control, pero no cabe apreciar en ella relevancia penal. Los correos electrónicos en los que el inspector del Banco de España José Antonio Casaus alertaba de los riesgos de la estrategia puesta en marcha no han sido suficiente argumento para extender las acusaciones a sus directivos, ni a los de la CNMV. El colectivo 15MpaRato y la mencionada CIC clamaban ayer por ello. Sergio Segura, portavoz del primero de estos grupos, consideró el procesamiento de exdirectivos como “un precedente importantísimo”, pero añadió que “esta estafa de Estado” no se habría producido si el Banco de España y la CNMV “funcionaran como tienen que funcionar”.
El juez Andreu no lo ha visto así y ha centrado el tiro en Bankia y BFA. Pero no sólo por el fraude a inversores. También por “el daño a la economía nacional”. Este factor, la dimensión del problema planteado, explica la propia intervención de la Audiencia Nacional. La tesis del magistrado es que los administradores de Bankia y BFA “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban su imagen fiel, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la entidad”. De ahí se derivó “un evidente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones como para el Estado”.
Es decir, no se va a juzgar a los exdirectivos de Bankia como gestores ni por sus desaciertos o su impericia. Lo que se les reprocha es el falseamiento de los datos que pudieron llevar a engaño a los inversores. El juez destaca en su auto la especial significación que supone este tipo de infracciones cuando afectan al interés general, como en el presente caso, ya que “su repercusión en la economía nacional es de tal intensidad que sus crisis pueden afectar seriamente a la estabilidad económica del sistema”.
De ahí que haya que proceder contra los miembros del consejo de administración que adoptaron las decisiones, porque su deber era certificar la situación económica de la entidad “mediante la aprobación de las cuentas que se sometían a su consideración” y adoptar “cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias”. Por el contrario, el juez sostiene que los imputados falsearon la información del folleto informativo de la salida a bolsa, de ahí que les achaque un delito de fraude a los inversores.
Por lo que respecta al archivo de las actuaciones sobre el Banco de España y la CNMV, Andreu asegura que “no se ha acreditado” que los responsables de ambas entidades participaran en la formulación y aprobación de las cuentas incluidas en el folleto de la salida a bolsa. No cabe exigir a la CNMV que constate por sus propios medios la veracidad de los estados financieros, y en cuanto al Banco de España, se limitó a no oponerse a la salida a bolsa, una decisión que no adoptó este organismo.
No se juzga a los gestores del banco por impericia o desacierto, sino por haber falseado los datos