El Congreso insta a retirar a Franco del Valle de los Caídos
El PP se abstiene porque considera que no hay consenso social
El PP se abstiene porque cree que no se da el “amplio consenso” aconsejable para la exhumación
El Congreso de los Diputados aprobó ayer un exhorto al Gobierno para que saque del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco y traslade a un lugar secundario los de José Antonio Primo de Rivera, y que reconfigure el mausoleo franquista como un espacio de la memoria colectiva democrática y la reconciliación, en lugar de su actual significación como espacio de honor y gloria del nacionalcatolicismo.
La propuesta partía del PSOE, que se llevó unos buenos tirones de orejas del resto de los portavoces por esperar a estar en la oposición para lanzar la propuesta, y fue aprobada con la abstención del PP y ERC. La explicación de los populares para no apoyar la propuesta es que el informe de expertos redactado en el 2011 aconsejaba la exhumación de Franco si existía amplio consenso, y dice el PP que no lo hay, si bien, a juzgar por el resultado de la votación de ayer, sin votos en contra, no parece que escaseara el acuerdo.
En la intervención en el pleno, en todo caso, la diputada popular Alicia Sánchez-Camacho indicó que la propuesta del PSOE suponía violentar el “pacto constitucional”, un argumento muy parecido –por no decir idéntico– al que semanas atrás empleó José Andrés Torres Mora, del PSOE, para reprochar a Joan Tardà, de ERC, que pretendiera la anulación de las sentencias políticas de los tribunales franquistas, empezando por la de Lluís Companys.
La razón por la que ERC se abstuvo es precisamente la ausencia de ambición de la propuesta, sobre todo en comparación con el contenido de la reforma de la ley de Memoria Histórica que ha presentado su grupo. Por idéntico motivo, el grupo confederal de Unidos Podemos y las confluencias mantuvo la incógnita sobre su voto hasta el último momento, y presentó enmiendas que no fueron admitidas, a pesar de lo cual acabó votando favorablemente la proposición no de ley. El caso de Ciudadanos, que también mantuvo la incógnita sobre su voto hasta el final, era justamente el contrario: si prosperaban las enmiendas de Unidos Podemos, no apoyaría la exhumación.
El grupo morado, en cambio, sí tuvo éxito con su proposición de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, un primer paso para intentar la derogación del artículo que limita los periodos de instrucción de las causas a seis meses, para las sencillas, y 18 para las complejas, con posibilidad de prórrogas excepcionales, pero nunca a petición del propio instructor. Al final toda la oposición, de Ciudadanos a ERC, pasando por el PSOE y casi todo el grupo mixto, apoyó la toma en consideración del cambio de ese artículo, que, desde su misma aprobación, había sido interpretado como un intento de ley de punto final, y que el grupo de Unidos Podemos rebautizó como
ley Berlusconi.