Barcelona cierra más de 500 pisos turísticos
El Ayuntamiento pretende redoblar su presión con la contratación de 20 visualizadores y diez inspectores
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau celebró ayer que hasta 548 pisos turísticos ilegales cerraron sus puertas los últimos 18 meses. En estos momentos Barcelona está a punto de cerrar un piso turístico ilegal por día, un ritmo superior al de este verano. Pero la cifra debe considerarse con precaución. Muchos pisos ilegales funcionan intermitentemente, y muchos propietarios abandonan su actividad de modo provisional cuando la Administración les aprieta. Luego, algunos, si ven el horizonte despejado, vuelven a colgar el anuncio. Hablamos de cierres voluntarios, de propietarios que deciden acatar las órdenes de cese del Ayuntamiento como consecuencia de una intensa actividad inspectora, tan intensa que sus resultados pueden antojarse descorazonadores.
El gobierno de Colau quiere redoblar esta presión. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, presentando estos números, detalló que el Ayuntamiento acaba de doblar su plantilla de visualizadores. Ya suma 40. El Consistorio también prevé contratar diez inspectores. Tendrá 34. Su objetivo es disponer el año que viene de 110 personas dedicadas a la búsqueda de pisos ilegales. Porque para que cerraran 548 pisos hubo que abrir 5.490 expedientes disciplinarios, que a la postre derivaron en 2.869 expedientes sancionadores y 2.015 órdenes de cese de actividad. Quizás más, dado que estos procesos son largos. Ello se debe al carácter garantista de la ley. La Administración ha de demostrar las irregularidades más de una vez. Todos estos expedientes sólo lograron que se dictaran 127 órdenes de precintos. El Ayuntamiento no pudo especificar en qué estado se encuentran estos trámites.
Barcelona, según datos municipales, suma 15.881 pisos turísticos, de ellos 9.606 tienen licencia y 6.275 no. Empresarios dedicados al alquiler de pisos legales estiman que la presión municipal sobre la oferta ilegal se está haciendo notar. Pronto presentarán un estudio que dice que el descenso de la oferta ilegal es mayor que el contabilizado por el Ayuntamiento. También es cierto que estos empresarios tratan de recomponer sus relaciones con el gobierno y de demostrar que su actividad no ha desencadenado la subida de los precios de los alquileres, que más culpa tienen los pisos vacíos.