Nuevo freno al acuerdo para la renta garantizada
Los promotores de la ILP aplazan para hoy su decisión
La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la creación de una renta garantizada de ciudadanía (RGC) en Catalunya no ratificó ayer el preacuerdo alcanzado el miércoles por sus negociadores con el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies para poder aplicarla con un importe de 564 euros mensuales a partir del próximo 15 de septiembre. La idea es que, inicialmente, puedan acceder tanto las personas sin ingresos como los miembros de familias monoparentales que trabajen pero tengan salarios inferiores a esa cantidad. La falta de concreción sobre la extensión de este derecho a todos los ciudadanos ha llevado a posponer la votación a hoy.
Hay un punto de discrepancia principal: el mantenimiento de este derecho por parte de personas –de cualquier tipo de familia– que con posterioridad a su reconocimiento como beneficiarios de la RGC encuentren un trabajo con un salario inferior. El departamento que dirige Dolors Bassa está dispuesto a complementar la diferencia durante seis meses mientras que entre los impulsores de la ILP hay quienes defienden que se mantenga hasta que el titular tenga ingresos propios que lo igualen. “Si a estas personas no se les sigue complementando sus ingresos, se les tratará de manera discriminatoria y se puede desincentivar que busquen trabajo”, argumentó uno de los miembros de la
La consellera Bassa estima que el coste de la medida en el 2020 ascenderá a unos 600 millones de euros
comisión, Llorenç Serrano, de CC.OO., quien confiaba en que pueda salvarse este escollo.
La consellera Bassa lamentó que no se ratificara el acuerdo. “Comprendo que es difícil que 70 entidades se pongan de acuerdo y tendremos toda la paciencia del mundo –dijo–, pero ya teníamos un preacuerdo, un documento final”. La titular de Treball advirtió que más allá de las familias monoparentales no podrá extender la RGC a personas que trabajen por su elevado coste, pero también por otras razones. “Económicamente debemos ser responsables como Govern –enfatizó–, podemos asumir lo que podemos pagar, con la transitoriedad que hemos fijado pasaremos de 173 millones a 600 millones en el 2020”. Pero además recordó que “el mundo del trabajo se ha de dignificar por medio de los salarios, de la concertación entre patronales y sindicatos, y no con la renta garantizada”.