Agravio eléctrico
Cinco patronales denuncian que el Gobierno penaliza a 3.277 empresas catalanas
El PP y el PNV han pactado bajar las tarifas en el País Vasco y otras comunidades, pero no en Catalunya
Los territorios tienen sus particulares hechos diferenciales en materia eléctrica. Por motivos históricos, las redes de alta tensión (para grandes consumidores) tienen distintas categorías y tarifas según las zonas. Esta disparidad lleva a que en algunas comunidades la factura sea el doble que en otras. Es el caso de Catalunya. Y también del País Vasco, pero por poco tiempo, ya que el pacto presupuestario suscrito entre el PP y el PNV lo corregirá. Cinco patronales –Cecot, Federació Empresarial del Metall (FEM), Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor) y Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM)– han denunciado que este acuerdo perpetúa el agravio para 3.277 empresas catalanas, que quedan fuera.
El pacto comporta un cambio de tarifas para las líneas de distribución de tensiones entre 30kV y 36 kV a partir del 2018, que beneficiará principalmente a empresas situadas en Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria o Asturias, que pagarán precios similares a los de Madrid. Las empresas alimentadas con redes de 25 kV a 30kV, como las catalanas, seguirán con tarifas más altas. Según los cálculos de las patronales, estas
compañías soportan un sobrecoste conjunto de 200 millones de euros al año por esta disparidad de precios. “Esta situación no responde a razones técnicas ni de eficiencia de red, sino a criterios políticos”, denuncian las patronales, que han expresado su queja por escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los ministros de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
Las empresas afectadas por esta discriminación a nivel español están agrupadas en la plataforma kV25/30 desde hace año y medio. Actualmente son 5.800 –la mayor parte en Catalunya–, que pagan 350 millones más anuales por esta razón. Estas cifras se reducirán a partir de 2018 con el acuerdo presupuestario. Las patronales catalanas antes citadas recuerdan que la situación “es fruto de una incoherencia regulatoria” y la corrección pactada por el PP y el PNV, “conlleva que muchas sigan discriminadas” y deban asumir “sobrecostes que apuntan a la línea de flotación de la mayoría de ellas, disminuyendo su capacidad competitiva”. La medida adoptada, concluyen, supone, “una ruptura de la unidad de mercado que tan intensamente reclama el mundo económico y las fuerzas políticas en el Congreso”.