Bankia y los pilares del Estado
¿Se plegó el Banco de España al pacto político para colocar Bankia, un engendro de su propia creación?
Cómo se compadece el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, eximiendo de responsabilidad penal a los responsables del Banco de España, encabezados por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con la ley de Autonomía de esa institución que establece que “deberá supervisar, conforme a las disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito”.
Como recoge el juez, los responsables directos y máximos del falseamiento de las cuentas de Bankia de los años 2010 y 2011 y de la información facilitada para su salida a bolsa en el 2011 y captar así con engaño 3.000 millones de euros fueron los consejeros y ejecutivos de la entidad, encabezados por el presidente, Rodrigo Rato. Pero el debate social se ha centrado en si Rato y su banda fueron los únicos responsables y si deberían tener esa consideración también, y en qué grado, los responsables de la regulación, supervisión y vigilancia de los mercados, además del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el propio auditor, en este caso la firma Deloitte. ¿Todo o nada?
En el caso del Banco de España, la prueba principal para imputar a Ordóñez y otros altos cargos de la entidad, contra el criterio del juez y por decisión de la Sala Superior, que podría volver a exigir su inclusión en el proceso, han sido unos correos electrónicos del inspector José Antonio Casaus, enviados a sus compañeros y a sus superiores antes de la salida a bolsa. En ellos, Casaus analizaba que el grupo BFA-Bankia, la primera accionista propietaria del segundo, no era viable “por sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia. Gobierno interno mejorable y gestores desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado”. Ante esa disyuntiva, el inspector veía tres alternativas, de las que defendía las dos primeras: que se encontrase un comprador para Bankia y, la segunda, que si se optaba por la salida a bolsa, se fusionasen antes BFA y Bankia. La tercera era la bolsa tal y como estaba planeada, con una estructura de banco doble, “es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma (velar por un uso eficiente de los recursos públicos)”. En julio del 2011 Bankia salió a bolsa, dejando al margen a su matriz BFA, y menos de un año después, mayo del 2012, el Gobierno tuvo que intervenir la entidad e inyectarle 23.000 millones de euros. La venta de las acciones como banco unificado tampoco habría evitado el desastre, aunque habría reducido en alguna medida el impacto para el Estado.
Según Casaus, el supuesto más favorable era vender Bankia a un banco extranjero. Sin embargo, esa opción era imposible en el 2011, cuando el mundo pensaba que España iba a ser intervenida y que su sistema financiero iba a colapsar.
Gobierno y Banco de España sí que hicieron sus pinitos, en cambio, buscándole una pareja española. La Caixa tenía casi todos los números, pero no fue posible. En parte por la insaciable ambición de Rato, que pensaba que además de colocar el muerto podía acabar siendo el almirante de la nave. En parte por que en las torres negras de la Diagonal los de Isidre Fainé hicieron números y les salió que Bankia podría necesitar hasta 25.000 millones para salvarse. Otra profecía cumplida.
En teoría, sólo quedaba pues la salida a bolsa. En teoría, porque en realidad la ley permitía al Banco de España una tercera solución: la intervención de la entidad utilizando los mismos datos sobre liquidez, solvencia y baja calidad del equipo directivo que Casaus empleaba en sus correos.
¿Por qué no se hizo? Al fin y al cabo, se acabó ejecutando en junio del 2012 de la mano de Luis de Guindos, que pensaba que era insolvente ya antes de llegar al gobierno. Por el acuerdo entre el gobierno de Rodríguez Zapatero, el Partido Popular de Mariano Rajoy, la cúpula del Banco de España y el llamado Ibex35. Se trataba de evitar que una intervención desencadenase la intervención completa del Estado. En el caso de Rajoy, también incidió el deseo de mantener el control sobre una entidad de su órbita, con presencia de la Comunidad de Madrid y de Rato. En el de Ordóñez, porque Bankia era un engendro creado por él y su equipo y había que intentar salvarlo.
Lo que debe aclararse es si el Banco de España, pese a los demoledores datos de la inspección, antepuso ese acuerdo político, poniendo en riesgo el debilitado patrimonio de los clientes del banco. ¿Se discutió en la plaza de Cibeles el análisis de Casaus? ¿Quién decidió que se aprobaba el plan de los directivos de Bankia y se le otorgaba a ésta el nihil obstat para salir a bolsa? Según las respuestas, que el juez parece no haber buscado, se podría atribuir negligencia profesional, no hace falta haber metido mano en la caja, a quienes tomaron tal decisión. Uno de los pilares del Estado no actuó con diligencia y se pretende que aquí no pasa nada.
¿Y la CNMV? Cuando en el 2009 Ruiz Mateos colocó pagarés de dudosa solvencia, el vigilante de los mercados emitió un comunicado en el que advertía de que “el emisor no está sujeto a la obligación de registro del folleto informativo ante la CNMV” y añadía que “la operación queda al margen de las normas de conducta exigibles (...) para la protección del inversor y de la facultades de supervisión (...) que la ley atribuye a la CNMV”. Bankia registró su folleto, igualmente falsario, pero la respuesta de la CNMV tras la crisis ha sido la misma que con los insolventes pagarés de Nueva Rumasa. ¿Cuál es la diferencia entre presentar o no el folleto?