El Parlament sentencia de muerte el Consell Comarcal del Barcelonès
El pleno del Parlament empezó a tramitar ayer la ley que tiene como finalidad disolver el Consell Comarcal del Barcelonès, un organismo discutido desde el mismo momento de su creación y que en los últimos tiempos se ha visto salpicado por las irregularidades detectadas en su gestión por la Sindicatura de Comptes.
Los grupos de Junts pel Sí (JxSí), Ciutadans (C’s) y PSC defendieron ayer tres proposiciones de ley distintas que fueron debatidas a la vez en el pleno del Parlament. Todas ellas convergen en un mismo objetivo: disolver este consejo comarcal, algo que ya fue solicitado por el propio ente comarcal el pasado 15 de marzo.
El Consell Comarcal del Barcelonès es una entidad supramunicipal que engloba a los municipios de Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobretat, Sant Adrià del Besòs y Santa Coloma de Gramenet. De él dependen varias empresas públicas como son la promotora de vivienda y de aparcamientos Regesa y la Marina de Badalona.
El pleno del consejo comarcal aprobó su autodisolución tras el escándalo que supuso conocer que la Sindicatura de Comptes había detectado el pasado enero graves irregularidades durante el periodo 2005-2011 en varias de sus empresas públicas, algunas de ellas vinculadas con la trama de corrupción del caso Pretoria. Este escándalo fue el detonante para precipitar la liquidación del consejo, cuestionado desde hace años por su utilidad, habida cuenta de que ya hay organismos de ámbito metropolitano que pueden asumir sus competencias.
ERC presentó en marzo una moción de autodisolución ante el pleno del consejo que fue asumida por el resto de los grupos, incluidos los dos que comparten el gobierno de este organismo, PSC y CiU. Ayer, en el pleno del Parlament, las tres propuestas superaron el debate a la totalidad, por lo que a partir serán tramitadas conjuntamente en comisión y convertidas en una única ley. Lo más probable es que la mayoría de las competencias del consejo pasen a ser asumidas por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) tan pronto como sea aprobada con carácter definitivo la ley, pero el principal escollo es decidir quién pagará la deuda que arrastra el organismo disuelto, estimada en unos 64 millones de euros, tras el agujero económico detectado en Regesa.
Junts pel Sí (JxSí) expresó su posicionamiento de forma diferenciada entre el PDECat y ERC, ya que ambos partidos mantienen serias discrepancias sobre la gestión llevada a cabo en el Consell Comarcal del Barcelonès.