Qué queremos
Todo apunta a que este año tendremos, de nuevo, elecciones al Parlament de Catalunya. El debate político está centrado en la agenda que, sobre el referéndum y el proceso independentista, han pactado Junts pel Sí y la CUP. Pese al hartazgo de una parte importante de la opinión pública, ocurren otras cosas que pasan algo desapercibidas y que pueden condicionar el futuro de Catalunya y del conjunto de España. Algunas decisiones disparan ya a la línea de flotación de uno de los pilares de éxito de nuestro modelo económico: la colaboración público-privada. Un modelo posible gracias a la confianza inversora hacia las propuestas en sanidad, educación, infraestructuras, investigación y crecimiento industrial. Un modelo en el que la Administración ha pasado de gestionar directamente los activos a desempeñar un papel planificador y regulador de la actividad del sector privado.
La decisión del conseller Comín de acabar con el concierto con el hospital General de Catalunya y la clínica Quirón del Vallès ha provocado despidos y ha colapsado el hospital público de Sabadell, sin que se vea por ninguna parte en qué beneficia la medida a la ciudadanía. Comín , eso sí, ha conseguido poner en riesgo el equilibrio público-privado que tan bien le ha ido al sistema sanitario.
Está en trámite en el Parlament una iniciativa legislativa que revierte el contenido de la ley 10/2011, que dio pie a la concesión para la gestión de Aigües Ter-Llobregat por vía de concurso público. Los mismos partidos que votaron favorablemente esta ley promueven hoy una iniciativa que persigue lo contrario. Harían bien en estar más atentos al interés general que a su estrategia electoral. No es este el camino que indica la UE sobre la colaboración público-privada. Revertir la decisión tendría unos costes económicos enormes para las finanzas públicas, pues la concesión aseguró la financiación para acometer un millonario programa de inversiones, bajo el control de la Administración.
Los dos ejemplos sirven para alertar de los riesgos que afronta la economía. La realidad es la que es, no la que quieren imponernos algunos políticos. En el primer semestre del 2016, España perdió 3.165 millones de inversión extranjera, y el mayor ajuste estuvo en Catalunya: pasó de 2.613 millones en el primer semestre del 2015 a 1058 millones en el mismo periodo del 2016. Algo ocurre, y es preciso que se analice y que los partidos debatan de ello antes de las próximas elecciones. Debatamos en profundidad, veamos qué retos tenemos y mejoremos lo mejorable.
La política de colaboración público-privada, en riesgo en Catalunya