La Generalitat rectifica y permite que se acuse a CDC por el caso Palau
La presión del Ayuntamiento de Barcelona obliga al Govern a pasar del voto en contra a la abstención en el consorcio de la institución
El Ayuntamiento de Barcelona se salió al final con la suya y el Ejecutivo catalán dio marcha atrás en su veto a que el Consorci del Palau de la Música ejerciera la acusación contra Convergència, partido al que presuntamente se habrían desviado 6,6 millones de euros en la etapa de Millet. El Govern pasó de votar no a abstenerse, lo que permitirá acusar a CDC.
La batalla (política) del Consorci del Palau de la Música acabó ayer: la Generalitat rectificó su postura y se abstuvo, el Ministerio de Cultura se inclinó por acusar y el Ayuntamiento de Barcelona se salió con la suya. La entidad pedirá al tribunal cambiar sus conclusiones, proceder contra CDC y reclamar los 6,6 millones de euros que el fiscal solicita decomisar al partido. La decisión se adoptó tras una ajustada votación, que se decantó por cinco votos contra cuatro.
Era la tercera vez desde que se inició el año que el Ayuntamiento de Barcelona proponía acusar a CDC en el expolio del Palau de la Música. En la primera reunión, celebrada el pasado mes de febrero, se consideró que no era oportuno, debido a que dos representantes del consorcio debían declarar en el juicio como testigos: Mariona Carulla, actual presidenta de la institución, y Joan Llinares, exdirector del Palau de la Música y actual gerente de recursos del Consistorio. La segunda fue el pasado día 12, y no salió adelante debido a la oposición de la Generalitat y de varios miembros del Orfeó y gracias a la ausencia de los representantes del Estado. Aquel día, el Palau de la Música hizo pública una nota de prensa en la que rechazaba la politización del juicio y mostraba “su profunda indignación” por el uso de la institución “para la presunta financiación irregular de CDC”. La tercera se llevó a cabo ayer, y a la tercera el Ayuntamiento de Barcelona se salió con la suya: el consorcio solicitará al tribunal ejercer la acusación contra CDC en la misma línea que la Fiscalía.
El Consorci del Palau de la Música, que se disolverá en cuanto haya sentencia firme porque ahora todos los órganos de la entidad están englobados en la fundación, está formado por las instituciones que aportan subvenciones: Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Ministerio de Cultura. En total hay doce representantes: cinco del Orfeó Català, tres de la Generalitat, dos del Ayuntamiento y otros dos del Estado. En la reunión de ayer estuvieron presentes Pau Villòria, secretario general de Cultura (con dos votos más delegados), por parte del Govern; Eduardo Fernández Palomares (con un voto delegado) por el ministerio; Jaume Asens y Joan Llinares del Ayuntamiento, y Mariona Carulla (con dos votos delegados), Àlex Robles y Eduard Capell por el Orfeó Català.
Los representantes del Consistorio defendieron que con la votación del Parlament de la semana pasada en la mano se debía acusar a CDC. Fernández Palomares se mostró partidario de que la justicia persiguiera los hechos. Carulla, sus dos votos delegados y Capell votaron en contra, pero la postura de Robles inclinó la balanza por cinco a cuatro. Un cambio respecto a las reuniones anteriores que fue posible, en todo caso, gracias a la abstención del representante de la Generalitat.
La rectificación del Govern llegó después de que el acuerdo alcanzado el martes de la semana pasada entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de no acusar a CDC hasta que hubiera sentencia no durara ni veinticuatro horas y el miércoles los dos socios votaran diferente en el Parlament en las resoluciones
LAS OTRAS INSTITUCIONES El Estado vota a favor y el Ayuntamiento de Barcelona se sale con la suya a la tercera
presentadas por la CUP y Catalunya Sí que es Pot: ERC lo hizo a favor de personarse como acusación y el PDECat se abstuvo. Una abstención que acabaría siendo premonitoria, porque es la posición oficial que ha adoptado el Govern “para que en ningún caso pudiera ser interpretado como un bloqueo a las acusaciones”, según justificó el propio conseller de Cultura, Santi Vila, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.
La posición final de la Generalitat fue objeto de un amplio debate en esta reunión, con la voluntad tanto de intentar mantener la coherencia interna como de dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el Parlament. Y la solución finalmente acordada fue la abstención, “en un momento de una gran sensibilidad de la ciudadanía” con todas las cuestiones relacionadas con la corrupción, defendió Vila. La decisión, sea como sea, permite a ERC satisfacer su determinación de mostrarse inflexible con los casos de corrupción, vengan de donde vengan, y al PDECat marcar distancias con una herencia de CDC que le resulta muy incómoda.