El Govern formaliza la petición a Rajoy para negociar el referéndum
Puigdemont envía la demanda esta semana por carta al presidente español
El Govern no quiere que se diga que no ha dado todos los pasos posibles para acordar la celebración del referéndum. Y por este motivo, después de la conferencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva el lunes en Madrid, ayer decidió formalizar la petición al Gobierno español sobre la apertura de negociaciones para intentar pactarlo, que esta misma semana el presidente de la Generalitat tiene previsto enviar por carta a Mariano Rajoy.
La solicitud formal para la “apertura de negociaciones sobre los términos y las condiciones del referéndum en el que los ciudadanos de Catalunya podrán decidir con su voto el futuro político de nuestro país” fue aprobada en la habitual reunión del Govern de los martes, con el objetivo de que el Gobierno español tenga constancia escrita de la demanda. Una demanda, en todo caso, que no entra en las condiciones que debería tener la consulta y que se limita a pedir el inicio de negociaciones “lo más pronto posible” que permitan “celebrar un referéndum acordado con el Gobierno español”.
La decisión adoptada por el Govern fundamenta la petición en diversas razones. Por un lado, recuerda la “voluntad mayoritaria” de la ciudadanía en el sentido de “decidir libremente su futuro” expresada en las urnas en noviembre del 2012 y en septiembre del 2015, en las que “más de dos millones de personas dieron su voto a partidos que defienden la celebración de un referéndum y el ejercicio del derecho a
HASTA EL ÚLTIMO MINUTO El acuerdo reclama abrir “lo más pronto posible” el diálogo entre las dos partes
la autodeterminación”. Una “voluntad mayoritaria” que se ha traducido en “amplios acuerdos” en el Parlament “pidiendo la celebración de este referéndum, como el que se adoptó el pasado mes de octubre –en el debate de política general– y recibió el apoyo de una amplia mayoría de diputados”.
Por otro lado, el Govern esgrime también como justificación de la solicitud las movilizaciones ciudadanas de millones personas en la calle, iniciadas el 2010, “reclamando la independencia” y los apoyos conseguidos –más de medio millón de firmas– por el Pacte Nacional pel Referèndum en sólo tres meses. Y, aún por otro, destaca el manifiesto hecho público recientemente por un grupo de juristas –Juristes pel Referèndum–en el que “sostenían que celebrar un referéndum es perfectamente posible en un Estado democrático y de derecho si se hace una lectura adecuada y abierta del marco legal”, porque “la Constitución nunca puede ser un muro para una solución política”.
El Govern considera que todos estos argumentos avalan completamente su posición, según remarcó la consellera de Presidència, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, en la que recordó la “plena disposición a hablar de todo y negociar de todo hasta el último minuto de la prórroga”, como había subrayado Carles Puigdemont el día anterior en Madrid. “Y ante quien ofrece diálogo, algunas reacciones de miembros del Gobierno español que utilizan expresiones tan duras y desafortunadas como la de golpe de Estado se descalifican por si solas”, lamentó la portavoz del Govern, que mostró su confianza en que la respuesta asimismo formal que el Gabinete de Mariano Rajoy dé a la solicitud de negociación no tenga el mismo nivel. “Esperamos una respuesta a la altura de lo que planteamos, de la propuesta cívica y democrática que planteamos, para que nuestra petición pueda concretarse en una mesa de diálogo, esperamos altura de miras y sentido de Estado”, remachó.
El Govern aspira, en definitiva, a tener también una respuesta por escrito del Gobierno español a su demanda, para que conste negro sobre blanco la negativa a la negociación
CONTESTACIÓN FORMAL La Generalitat espera una respuesta “a la altura de la propuesta cívica y democrática”
y quede claro quién quiere y quién no la celebración de un referéndum acordado. Y hasta que no obtenga una contestación formal en este sentido no se dará por vencido en su solicitud, consciente, a pesar de todo, de que, más allá del rechazo que la pretensión de celebrar la consulta tiene desde el mismo momento en que se planteó por vez primera, el silencio administrativo puede ser perfectamente una vía para dar por desestimada la petición.