El juez inhabilita a una educadora de El Morell por malos tratos a bebés
Empezó a trabajar en la guardería de El Morell (Tarragona) en verano del 2008, pero no fue hasta el curso pasado –cuando agredió en dos ocasiones a un niño de P1 y le causó lesiones en la frente– cuando se le abrió expediente. Entonces afloraron otros casos de presuntos malos tratos. Los Mossos detuvieron a la profesora el lunes y el juez decretó ayer su libertad provisional aunque la ha inhabilitado para trabajar con menores y le ha prohibido acercarse a menos de cien metros de la guardería mientras prosigue la investigación.
No administrar la medicación para el asma a un niño durante dos años, trato agresivo, la rotura de la clavícula de un alumno estando bajo su custodia, humillar a otro bajándole los pantalones delante del resto de la clase, obligar a comer a la fuerza, castigar a otra niña por hacerse las necesidades encima... Estos son algunos de los presuntos malos tratos físicos y psicológicos que relata el juez en el auto.
Según el escrito, ya en el 2009 la directora de la guardería comunicó a la entonces concejal de Ensenyament las “irregularidades” de la investigada, “sin que conste que se hiciera nada al respecto”. La concejal tampoco hizo nada tras las quejas de otras educadoras durante el curso 2011-2012 ni en el siguiente, cuando los padres del menor que se rompió la clavícula se quejaron. Y así hasta que en octubre del 2015, cuando la directora informó de las lesiones en la frente de un niño a la nueva concejal, esta solicitó un informe.
En este documento, la directora relató otros presuntos malos tratos, tras lo cual se abrió un expediente disciplinario que culminó en despido. Un despido que la educadora recurrió por improcedente y que está pendiente de resolverse en el juzgado. Según el auto, “hasta en dos ocasiones el instructor del expediente expone al alcalde por escrito la necesidad de informar a las autoridades jurisdiccionales”, algo que tampoco ocurrió. El juez ha inhabilitado a la educadora mientras avanza la investigación por los delitos de omisión de deber de perseguir los delitos, encubrimiento, trato degradante o vejatorio y lesiones. El atestado policial también señala un vínculo de parentesco político entre el alcalde y la exconcejal con la investigada. Sin embargo, ayer en un comunicado, el equipo de gobierno reiteró que desde que se tuvo noticia se actuó, abriendo el expediente y con el despido.