Macroalianza urbana contra la pobreza energética
Frente común de Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz, Córdoba, Zaragoza, A Coruña y Santiago de Compostela
La defensa de los derechos sociales tiene nombre de mujer. Así se desprende de la alianza que ocho ciudades presentaron ayer en la capital catalana contra el proyecto de ley del Gobierno sobre la pobreza energética. Con la única excepción de los servicios sociales de Córdoba, que encabeza Rafael del Castillo, estas concejalías en los otros siete municipios firmantes del acuerdo están en manos de mujeres: Laia Ortiz (Barcelona), Marta Higueras (Madrid), Consol Castillo (Valencia), Barcelona y otros siete municipios critican que el Gobierno defienda a las eléctricas, y no a los usuarios vulnerables Luisa Broto (Zaragoza), Silvia Cameán (A Coruña), Concepción Fernández (Santiago de Compostela) y Ana Fernández (Cádiz).
Las ocho ciudades interpondrán alegaciones contra el proyecto de real decreto que ha redactado el Ministerio de Energía para regular el bono social y la figura del consumidor vulnerable. El frente común intermunicipal descalifica la reforma legal porque “es un paso atrás y desconoce la realidad de la pobreza en España”, como dijo la concejal compostelana de justicia social. Su colega de Cádiz insistió en que el plan “tiene el triste mérito de beneficiar a quien no lo necesita y desproteger a quien sí lo precisa”.
Laia Ortiz, que ejerció de anfitriona, criticó que el Gobierno amenaza medidas avanzadas, como la ley autonómica 24/2015, que aprobó el Parlament por unanimidad a instancias de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros movimientos cívicos. “El anteproyecto –dicen las ocho ciudades– antepone la defensa de las compañías eléctricas a la de los consumidores vulnerables”. El único varón, el cordobés Rafael del Castillo, aseguró que los criterios “para obtener la condición de consumidor vulnerable extremo son tan restrictivos que resultan insultantes”.
Según la teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, sólo el 35% de la población actualmente atendida por pobreza energética en la capital catalana “podría estar protegida de un corte de suministro con los nuevos criterios que introduce el Gobierno”. El proyecto, agregó, deja “en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerabilidad de los consumidores”. Para este tipo de usuarios se prevén rebajas en las facturas del 25% (o del 40%, en caso especialmente graves), pero el 40% de las personas que atienden hoy los puntos municipales de asesoramiento energéti- co “ni siquiera podrían optar a estos descuentos”, según Laia Ortiz. Como recalcaron las concejales de Cádiz, Zaragoza y A Coruña, las arbitrariedades llegan al extremo de incluir a todas las familias numerosas en la categoría de vulnerabilidad. Podría darse así el caso de que un hogar con muchos miembros, pero con una renta muy alta, “reciba bonificaciones en sus recibos mensuales”, mientras que personas necesitadas y que vivan solas no las obtengan. Otra de las alegaciones lamenta que “el Gobierno calcule de antemano que el bono social lo pedirán sólo el 45% de las personas que podrían recibirlo”. Las ciudades insisten en que “diseñar una ayuda sabiendo que el 55% de los potenciales beneficiarios no la recibirán nunca es el reflejo de una escasa sensibilidad social”.
Los ayuntamientos, comentó Luisa Broto, de Zaragoza, no deberían ver mermada su autonomía porque son la “primera puerta” a la que acuden los ciudadanos. Los ocho municipios (las
representantes de Madrid y Valencia no pudieron acudir a la cita, pero la apoyan sin reservas) acusan también a la Administración Rajoy de “un ataque al principio de precaución que debería primar en el corte de suministros básicos”. No es sólo, dijeron, una cuestión de justicia, sino de salud. Rafael del Castillo explicó que el 48% de los cordobeses no puede mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno, lo que provoca el agravamiento de enfermedades y muertes evitables.