Gordó asegura ante el Parlament que no ha hecho nada ilegal
La CUP se persona en el caso 3% y amenaza con querellarse contra él
En el antiguo bachillerato, los profesores de filosofía esgrimían un aserto: de la nada, no hay nada que hablar. Germà Gordó lo siguió al pie de la letra en su comparecencia ante la comisión de Afers Institucionals del Parlament para decir que no sabía nada del caso del 3% y que ni ha hecho nada fuera de la ley, ni nadie se lo ha pedido.
Claro que otros diputados sí creían que valía la pena hablar de cosas como las donaciones a CDC, el Palau de la Música, las ITV, las concesiones de obra pública o determinados nombramientos. Anna Gabriel, de la CUP, fue más allá, y anunció que se personarán en la causa de El Vendrell y se querellarán contra él si existen indicios en su contra.
Gordó apenas empleó dos minutos de su intervención inicial, para la que tenía media hora. Y los usó para definir: “Siempre he actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico y, por tanto, dicho esto, quedo a su disposición”. Entonces, tras la nada llegó el chaparrón.
CUP, Ciutadans, PSC y PP pusieron encima de la mesa toda la actualidad que afecta al antiguo partido de Gordó, CDC, ahora reconvertido en PDECat. Los diputados quisieron saber la causa por la cual Convergència es la formación que recibía más donaciones anónimas de España; si existieron reuniones con empresarios que al poco consiguieron adjudicaciones públicas; o cuál era su relación con los tesoreros del partido, Daniel Osàcar y Andreu Viloca, involucrados en casos de corrupción; o qué papel tuvo en el asunto de las ITV (en el que está acusado Oriol Pujol); o si influyó para que el Consorci del Palau no acusara al partido, o si el empresario Josep Bassols le pidió que colocara a su esposa, del mismo apellido y magistrada del TSJC, como comisionada de Transparència.
A casi ninguno dejó satisfecho el arranque de Gordó. A Lluís Rabell, de CSQP, le sonó a frase de película –“me acojo a la quinta enmienda”– y entendió que “se acoge a su derecho a no complicarse la vida ante los tiempos que se acercan”, mientras que Jordi Terradas (PSC) estimó que las funciones y dependencias de Osàcar eran propias del programa de Iker Jiménez sobre fenómenos paranormales. Más incisiva fue Anna Gabriel (CUP), que fue quien hizo más preguntas directas al exconseller de Justícia, para glosar también la dificultad que entraña denunciar la corrupción, y anunciar que se iban a personar en la causa que se sigue en El Vendrell y amenazar con que “si hay indicios razonables de que nos podemos querellar contra usted, también lo haremos”.
Por su parte, el PDECat no formuló preguntas, lo cual causó un rifirrafe con el presidente de la comisión Jean Castel (Cs), quien le indicó que no podía dirigirse a otros diputados (el del PDECat aludió a Carrizosa, de Cs) y que la comisión era para inquirir al compareciente. Pero Lluís Guinó se limitó a dedicar su intervención a reflexionar sobre el problema de la corrupción y pidió que no se publiquen informaciones falsas o no contrastadas sobre candidatos antes de las elecciones.
Gordó, en los siguientes turnos, expresó que el nombramiento de Bassols no formaba parte de sus competencias, que las alusiones a él parten de filtraciones periodísticas posiblemente interesadas, que no ha sido citado en ninguna causa, que el TSJC desestimó una primera petición contra él y que fue secretario de CatDem dos años. Sobre donaciones no dijo apenas nada, y en cuanto a su ascendente sobre los tesoreros de CDC, afirmó que no existió. Si aseguró que se ha reunido con empresarios, como también con gente del mundo de la cultura o alcaldes, para oír sus inquietudes, pero que nunca “ningún empresario me ha pedido nada fuera del ordenamiento jurídico”.
En síntesis, que Germà Gordó sostuvo que no hay nada contra él, y que de la nada, tiene poco que decir. No tiene inconveniente en que la Generalitat entregue sus agendas oficiales al juez de El Vendrell, pero sí quiso dejar claro que no puede controlar lo que dicen o escriben otros. En especial, con relación a la pregunta de si él es el Gregorio –el supuesto intermediario según la Fiscalía– al que se refieren varios acusados por el 3%. “¿Cómo me llamaban? No lo sé. Yo siempre firmo como Gordó, o como Germà Gordó”.
El exconseller niega en su comparecencia ser el tal Gregorio al que se refieren varios acusados