Deberes primarios
El desenlace de las primarias celebradas en el Partido Socialista no sólo ha decidido quién liderará la principal fuerza de oposición en España, sino que ha revelado que muchos de los actores políticos y sociales de nuestro país llevan largos meses faltando a su deber. Durante este tiempo, los ciudadanos no han recibido información acerca de las estrategias que han permitido a un partido acosado por la corrupción formar gobierno contando con un número de diputados insuficiente para garantizar la estabilidad. Lo que se les ha ofrecido, en cambio, son climas de opinión envueltos en la atronadora algarabía de las tertulias, las columnas y las redes sociales, en las que la promiscuidad entre representantes políticos y periodistas ha resultado letal para la credibilidad de unos y de otros.
Las dos últimas elecciones generales que llevaron a la situación en la que hoy se encuentra el país arrojaron unos resultados difíciles de gestionar por parte de la fuerza política más votada. Pero la dificultad se transformaba en imposibilidad si, como ocurrió, esa fuerza se proponía hacerlo desde dos presupuestos que conducían a una salida institucional aberrante: la de formar gobierno a cualquier precio, con o sin mayoría parlamentaria para respaldar su acción. El primer presupuesto fue dividir implícitamente el Congreso en dos partes, una, por así decir, operativa, en cuyo interior debían desarrollarse los acuerdos para formar gobierno, y otra necrosada, una especie de peso muerto constituido por un centenar de diputados populistas e independentistas con los que no se podía ni debía contar. Por supuesto, ninguna fuerza estaba obligada a contar políticamente con esos diputados, pero constituye una flagrante falta de respeto al sistema constitucional del 78 declararlos esencialmente excluidos de cualquier combinación, olvidando que es ese mismo sistema el que establece que cada parlamentario representa, no a los ciudadanos que le votaron, sino a la totalidad del cuerpo electoral.
El segundo presupuesto fue transformar el hecho de haber obtenido el mayor número de diputados en un derecho automático a formar gobierno, que debía ser respetado por el resto de las fuerzas políticas. Del juego de ambos presupuestos –ambos falaces– se deducía que la única salida para gestionar los resultados electorales exigía implicar al principal partido de la oposición, obligándole, bien a integrar una gran coalición, bien a abstenerse para facilitar la investidura de un gobierno. Sobre este esquema que respondía a la estrategia de una fuerza política, pero en ningún caso a una emergencia, se reclamó del principal partido de la oposición aquello que no se le reclamó por parte de ningún candidato durante el actual periodo democrático. Todos los líderes que aspiraron a formar gobierno, incluido Calvo-Sotelo a los pocos días de un intento de golpe de Estado, entablaron negociaciones para convertir el respaldo relativo que las urnas concedieron a sus partidos en una mayoría parlamentaria que les permitiese ir a la investidura una vez que habían garantizado la gobernabilidad. Nunca se les ocurrió reclamar la abstención de la oposición, declarándola a continuación responsable de la suerte que corriera el país si se la negaba. Y lo hicieron, primero, porque en el sistema del 78 no es posible separar investidura y gobernabilidad, salvo al precio de tener gobierno, sí, pero no acción de gobierno. Y, segundo, porque la peor opción en un sistema democrático es dejar la oposición en manos de grupos que no se conforman con hacer su política dentro de las reglas de juego, sino que hacen del cuestionamiento de las reglas de juego su política.
Cómo y por qué estas evidencias no han logrado abrirse paso en España durante estos meses exige interrogar a la política, pero también al periodismo. Porque al mismo tiempo que desde los dos ámbitos se alimentaban climas de opinión con toda suerte de materiales burdos, desde la insidiosa invención de afirmar que el Partido Socialista se disponía a formar un gobierno Frankenstein hasta la flagrante falsedad de que mantener el no provocaría inexorablemente terceras elecciones, la fuerza más votada, la fuerza que tenía el deber inexcusable de completar su mayoría parlamentaria, se declaraba impotente ante la parálisis del sistema que ella misma estaba deliberadamente induciendo y acusaba a los demás partidos de irresponsabilidad. Sólo que, entre tanto, y mientras los medios proyectaban el foco sobre el partido socialista, exigiéndole la abstención, alcanzaba una mayoría parlamentaria mantenida en secreto para constituir la mesa del Congreso.
Con todo, ninguna de estas maniobras habría afectado a la estabilidad del Partido Socialista si un sector del aparato no hubiera visto en ellas la oportunidad de esconder ambiciones personales detrás de un impostado sentido de Estado. El problema radicaba en que cualquier dirigente socialista que consintiera la abstención perdería la oportunidad de llegar a la secretaría general. De ahí el espectáculo del comité federal del 1 de octubre, en el que lo único que estaba en juego era hacer cargar al entonces secretario general con el fardo de la abstención, no porque así le conviniera al país, sino porque así arruinaba su futuro político y dejaba la vía libre a otros aspirantes. Si este conflicto hubiera discurrido por los cauces estatutarios, su desenlace no habría interesado más que a la pequeña historia del Partido Socialista. Desde el momento en que se dirimió por vías de hecho, la discordia interna afectó al sistema institucional: el Gobierno investido en España, el Gobierno que separó investidura y gobernabilidad, está en el poder gracias a que la posición defendida por el legítimo secretario general de los socialistas fue violentada por vías de hecho y al margen de los estatutos. Y en las vías de hecho se mantuvo todo lo que vino a continuación, una gestora que decide sobre la línea política del partido sin tener atribuciones, que actúa bajo la sombra de la parcialidad, y que, finalmente, se despide de sus funciones convocando un congreso ordinario cuando los estatutos exigen uno extraordinario.
En primera instancia, el desenlace de las primarias parece haber decidido el liderazgo en el PSOE; en realidad, ha demostrado que los militantes socialistas saben distinguir tanto como los ciudadanos entre la información que se les ha ocultado y los climas de opinión con los que se les ha querido intoxicar. Muchos de quienes desde la política y desde el periodismo, cuando no con un pie en cada lado, han contribuido a crear esos climas aseguran lamentar la fractura que, según sostienen, se producirá en el Partido Socialista. Háblese con claridad: ¿significa eso que, después de tanto opinar, se van a contentar con informar de las eventuales maniobras de los dirigentes derrotados como si se tratara de fenómenos meteorológicos? ¿En ningún caso piensan recordarles que, habiéndose pronunciado las urnas, su deber, su deber primario, es acatar el resultado?
La principal obligación de los dirigentes del PSOE derrotados por la militancia es acatar el resultado de las urnas