La corrupción, una vieja historia
La corrupción política es hoy una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Algunos, sin embargo, la consideran casi como una novedad vinculada al actual sistema político. Y no es así, porque se trata de una vieja práctica inmoral que existe desde que hay estructuras de poder e intereses económicos. Desde hace tiempo los historiadores europeos se han ocupado de esta temática y en este sentido el próximo diciembre celebraremos en Barcelona un congreso internacional para analizar y reflexionar sobre el caso español.
En el siglo XIX la corrupción se generalizó en España porque el nuevo régimen liberal era frágil y necesitaba para consolidarse del apoyo de los grupos económicos más poderosos, que pronto vieron en la nueva administración un medio para hacer grandes negocios. El Estado liberal era precario, tenía pocos medios materiales, humanos y económicos y tenía que asumir notables atribuciones en forma de servicios públicos y actuaciones. Pero tenía un arma fundamental, la Gaceta de Madrid. Así, la clara complicidad entre los intereses privados, las administraciones públicas y las élites dirigentes permitió generalizar prácticas que implicaron descarados tratos de favor, garantizadas porque muchas no eran ilegales dado que la jurisprudencia no penalizaba actos que hoy consideramos unos delitos flagrantes.
La tipología de prácticas abusivas utilizadas es larga: proporcionar información privilegiada; proteger actividades claramente ilícitas –como la trata de esclavos; vender bienes públicos a precios irrisorios –minas, tierras, bosques y edificios–; incorporar políticos a la dirección de las empresas para obtener concesiones públicas –construcción de ferrocarriles, carreteras, puertos y canales, monopolio del tabaco, correos, transportes de tropas–; encargarse de recaudar contribuciones o ser proveedor del ejército, de hospitales o de prisiones; obtener concesiones de servicios públicos urbanos –agua, gas, electricidad, tranvías–. La gran mayoría de las concesiones se daban en régimen de exclusividad y sin concurso públicos.
Si bien esta forma escandalosa de proteger intereses privados provocó denuncias públicas de los perjudicados o de los rivales políticos, y algunos escándalos fueron aireados por la prensa, eso de poco sirvió. Los gobiernos se resistían a legislar y a sancionar estas prácticas, dificultaban estar controlados y tenían mediatizados los poderes legislativo y judicial. Hasta 1822 no apareció en el Código Penal la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, pero durante muchos años hizo falta la autorización previa del gobernador civil para procesar a los alcaldes y concejales, aunque lo pidiera un juez. Para abrir una causa contra un funcionario era necesario un informe favorable del Consejo de Estado, que normalmente lo rehusaba –hay 180.000 expedientes en sus archivos–. Esta negativa no debe extrañar, pues esta institución acostumbraba a aplicar la norma de que “muchísimos abusos no son delito”. Para procesar a un parlamentario primero hacía falta la autorización del Senado y después dependía de las comisiones de suplicatorios de las cámaras. Incluso el Supremo llegó a proclamar “la inviolabilidad de todos los agentes de la administración civil y militar”. Durante el siglo XIX y buena parte de XX hubo casi total impunidad ante las prácticas corruptas de políticos, funcionarios y empresarios.
Hoy buena parte de los estudiosos europeos sostienen que la corrupción política contemporánea no tiene que ser considerada como un signo de retraso, de pervivencia de antiguas corruptelas. Más bien fue lo contrario, dado que las nuevas prácticas corruptas fueron un elemento de pacto entre las élites económicas y las políticas que consolidó los nuevos regímenes liberales en gran parte de Europa. En España, desde el siglo XIX hasta la actualidad, la corrupción política ha sido un elemento clave para fortalecer la autoridad de los gobiernos y para afianzar la centralización del poder.
Los especialistas que debaten hoy sobre las causas de la corrupción creen que hay que analizar no sólo el funcionamiento de los sistemas políticos, sino también las características de las sociedades. Se señala un conjunto de factores favorecedores de la corrupción: la desigualdad económica; la existencia de una notable tolerancia social hacia ella; el clientelismo y la partitocracia; la ausencia de una administración profesionalizada; el mal funcionamiento de los controles sobre los políticos, y la inexistencia de una justicia independiente y eficaz. El elemento fundamental es la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Se destaca como clave para luchar contra la corrupción que la sociedad asuma realmente los valores democráticos y éticos y se movilice para exigir la creación de instrumentos de control (leyes, organismos judiciales y administrativos) imparciales y efectivos, capaces de castigar a corruptos y corruptores de modo rápido y ejemplar. Nuestra sociedad sigue siendo muy tolerante con los corruptos y a menudo no los sanciona electoralmente. Persiste un sentimiento oculto que los ve mucho más como unos espabilados envidiables que como unos delincuentes. Claro que tampoco podemos decir que tenemos una justicia independiente, rápida y con medios suficientes para combatir con eficacia estas prácticas inmorales. Y así seguimos.
En España, desde el siglo XIX, la corrupción ha sido un elemento clave para fortalecer la autoridad de los gobiernos