La etarra intocable EL EPO TAJE
Bélgica debe responder ante la Corte Europea de Derechos Humanos por rechazar la extradición de Natividad Jáuregui
La voz de Carmen Romeo se quiebra al recordar lo ocurrido la mañana del 19 de marzo de 1981 en Bilbao, cuando un comando de la banda terrorista ETA mató a su padre. Le esperaban a la salida de misa y le dieron un tiro en la nuca. “Al cabo de los años, empiezas a olvidar. Pero cuando detienen a la autora y te haces ilusiones de que la envíen a España y la juzguen, todo te vuelve a la cabeza”, susurra la hija del teniente coronel Ramón Romeo.
Después de 34 años a la fuga, Natividad Jáuregui Espina, alias Pepona, fue detenida el ocho de octubre del 2013 en Gante. Ese día, sin embargo, no marcó el principio del fin de la impunidad para la etarra que presuntamente apretó el gatillo sino el comienzo de un largo recorrido por los tribunales para la familia Romeo que les ha llevado hasta la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la que Bélgica debe responder antes del 12 de junio para explicar por qué se niega a extraditarla a España.
“Existen serios motivos para pensar que la ejecución de la orden europea podría vulnerar los derechos fundamentales” de la detenida, adujeron los jueces del Tribunal de Apelaciones de Gante para rechazar la petición de la Audiencia Nacional. Jáuregui sigue libre. Ha cambiado de teléfono y borrado su rastro en las redes sociales, donde se presentaba como María Sukalde (cocina, en euskera), pero sigue viviendo en el mismo piso de la avenida Bernard Spae de Gante donde la policía belga la detuvo en el 2013.
Entre 1984 y 1988 Jáuregui se ocultó en Francia (“se exilió”, según sus abogados) y luego huyó a México con su pareja, José Antonio Borde. En el 2003, un año después de que él fuera detenido y extraditado a España, se fue a Bélgica. Tal y como reveló este diario, Jáuregui (San Sebastián, 1958) se ha creado una nueva identidad en Gante, donde goza de una amplia red de contactos que le ha facilitado desde el alquiler de una vivienda hasta tarjetas de crédito. Reinventada como cocinera, tenía su propia empresa de catering. Sus tapas de vanguardia le dieron tal fama en la ciudad que acabó apareciendo en un libro de recetas.
Su pasado terrorista sorprendió a sus conocidos. Desconcertada, una vecina relató en su día a esta cronista el escándalo que Jáuregui montó el día que encontró un ratón en casa. “No es ninguna mosquita muerta ni una jovencita que defienda los derechos de los vascos”, se indigna la hija del militar asesinado. “Es alguien que tuvo la sangre fría de esperar a que mi padre saliera de la iglesia para darle un disparo en la nuca con toda su cobardía”, recalca.
La negativa belga a extraditarla dejó perpleja no sólo a la familia Romeo sino a los juristas. Por primera vez desde que en el 2004 entró en vigor de la orden europea de detención y entrega los jueces de un país de la UE rechazaban la petición de otro Estado miembro alegando dudas sobre el respeto a los derechos humanos, alejándose del principio de confianza mutua, piedra angular del sistema. “Era un caso de libro. El mandato europeo de detención y entrega se creó pensando en este tipo de situaciones”, afirma el jurista Michaël Meysman. La coincidencia de varios recursos en el Tribunal de Justicia de la UE y en Estrasburgo cuestionando las garantías del sistema para los detenidos “alimentó fuertemente las dudas de los jueces de Gante”, sostiene Meysman, que se doctoró con una investigación sobre el caso Jáuregui.
En los últimos años, Francia, Suiza y el Reino Unido han detenido y enviado a España a varios miembros de la banda terrorista, que en abril entregó las armas. Con la extradición este mes del sanguinario etarra Antonio Troitiño, la orden europea de Jáuregui es la única pendiente de ejecutar para un miembro de ETA cuyo paradero se conoce, afirman fuentes del Ministerio del Interior. La batalla para la entrega de Troitiño duró seis años y exigió un enorme despliegue de medios, pero las discusiones con los jueces británicos no versaron sobre el supuesto riesgo de tortura como con Jáuregui sino sobre la necesidad de su presencia en España para notificarle la apertura de juicio.
Aunque la demanda de extradición de Pepona fue aceptada en primera instancia, el Tribunal de Inculpación de Gante asumió los argumentos de la defensa, que planteó el caso “en un contexto histórico más amplio que la historia política contemporánea de España”. Se remontó al bombardeo de Gernika y la represión franquista y citó un informe del 2011 del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa crítico con la detención incomunicada para justificar el riesgo de malos tratos. La Fiscalía federal, que siempre se ha alineado con España, contestó la decisión replicando que la ley habla de riesgos serios de vulneración de los derechos humanos, pero el Tribunal de Casación rechazó el recurso y Jáuregui recuperó la libertad.
En el 2015, la Audiencia Nacional emitió una nueva orden europea en la que explica que España contestó las acusaciones de tortura y el Comité no ha vuelto a suscitar el tema y presenta un dictamen del Consejo de Ministros del Consejo de Europa del 2015 que afirma que la detención de sospechosos de terrorismo en España es conforme con la Convención. También detalla los términos en que se aplica la detención incomunicada que, en el caso de Jáuregui, afirman fuentes jurídicas, no parece necesario aplicar ya que el resto del comando está en la cárcel.
La policía belga volvió a detener a la etarra el 20 de junio del 2016, pero la puso en libertad el mismo día. La secuencia judicial se repitió: los jueces de Gante estimaron que no había elementos nuevos, denegaron la extradición, la Fiscalía recurrió, pero el Tribunal de Casación no vio errores de derecho en el dictamen original y confirmó su validez. Jáuregui sigue libre y según fuentes oficiales incluso ha regularizado su situación como residente en Bélgica.
Agotadas las vías judiciales en el país, los cinco hijos del militar han denunciado a Bélgica ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por privarles de su derecho de acceso a la justicia. “No tengo nada contra los belgas sino contra la decisión equivocada de unos jueces, pero como española y como víctima estoy indignada. Es una humillación al Estado de derecho”, se queja Romeo, que casualmente vivió en Bruselas, a 50 kilómetros de la presunta asesina de su padre, del 2013 al 2016. Estrasburgo, que hasta ahora nunca había examinado una denuncia de una víctima de la violencia de ETA, es su último recurso.
COMANDO BIZKAIA, 1981 Esperaron al teniente coronel Romeo a la salida de misa y le dieron un tiro en la nuca
DE LAS ARMAS A LOS FOGONES Jáuregui, cocinera de profesión, fue detenida en el 2013, pero Bélgica rechaza extraditarla
UN CASO ÚNICO La orden europea contra Jáuregui es la única pendiente para un etarra localizado
“CONTEXTO HISTÓRICO” La defensa se remontó a la Guerra Civil para justificar el riesgo de torturas a la etarra