A propósito de Ibarretxe

Es seguro que Carles Puigdemont –lo dijo el lunes claramente en Madrid y luego en Sitges– no transitará por la senda institucional que recorrió fracasadamente Juan José Ibarretxe en febrero del 2005. No “hará un Ibarretxe”, según expresión coloquial que ya circula casi como un aforismo. Pero que no camine por esa pista institucional no quiere decir que al president de la Generalitat no le espere un futuro similar al del lehendakari. Ibarretxe acudió al Congreso con el respaldo de 39 votos de los 75 del Parlamento vasco, con la ayuda de la izquierda abertzale próxima entonces a una ETA activa, aunque sin el respaldo del empresariado de Euskadi y con algunos sectores de su partido –el PNV– que no veían clara la apuesta del presidente del Gobierno vasco. Es verdad que el proyecto de Comunidad Libre Asociada a España que proponía el líder nacionalista no se articuló mediante un proceso similar al catalán, pero por aquellos tiempos el independentismo en el País Vasco gozaba de una amplia popularidad.

Ocurrió que la iniciativa nacionalista resultaba inviable y su suerte fallida dio como resultado último el relevo de Ibarretxe y su ostracismo político. Y, al tiempo, el control del partido por una nueva generación peneuvista más pragmática y generacionalmente más persuadida de las realidades europeas y, en general, globales. El PNV se tuvo que rehacer en la oposición mientras gobernaba el PSE de Patxi López con la ayuda del PP (2009-2012) y regresar luego a Ajuria Enea con Iñigo Urkullu (2012-2017) que gestiona ahora la bilateralidad política con el Estado con una fortaleza directamente proporcional a la debilidad de Mariano Rajoy. Este elemento –la bilateralidad que propicia el sistema paccionado de financiación– es el factor diferencial que distancia el caso vasco de la cuestión catalana, que están vinculados, sin embargo, por otros parecidos evi– dentes.

El planteamiento del independentismo catalán parte de supuestos que no son ciertos. No hay una mayoría social independentista –por importante que sea ese 47% que opta por partidos secesionistas– y la parlamentaria es muy justa y, sobre todo, muy heterogénea, de modo que las contradicciones entre los que albergan el mismo propósito –el Estado propio para Catalunya– surgen con una frecuencia y una hostilidad que obstaculizan el buen fin de lo que se pretende. En los últimos tiempos se observan ligeras rectificaciones sobre el objetivo final de este proceso soberanista. No sería exactamente la independencia sino pactar con el Estado un referéndum sobre ella. Se trataría no tanto de obtener un Estado propio aquí y ahora –mejor si así fuera– cuanto de establecer el precedente de que Catalunya dispone –como Escocia o Quebec– de la posibilidad jurídico-constitucional de separarse de España. Establecido el precedente, el proceso habría ganado el pulso al artículo 2.º de la Constitución.

El Gobierno aduce que un referéndum para preguntar por la secesión de Catalunya de España sólo podría lograrse si, previamente, se modifica la Constitución conforme al procedimiento agravado que en ella se prevé, alternativa que no contempla la Generalitat porque sabe que es prácticamente imposible que el cuerpo electoral español, catalán incluido, ofrezca paso franco a la posibilidad de la autodeterminación de uno de sus territorios por singular que sea, y Catalunya lo es mucho. El president desea un acuerdo con el Gobierno (explicó en Madrid de qué características) basado, no tanto en la literalidad de la ley cuando en la “voluntad política” de unos y de otros, como si esta fuera ajena y autónoma a los mandatos normativos. Por ese camino –como por el del Congreso– no se va a ninguna parte. La única posibilidad de conciliar intereses es rebajar los recíprocos y buscar una intersección en la que Catalunya se ampare en la Constitución pero con un reacomodo político, identitario, financiero y competencial renovado respecto del de 1978. Cualquiera otra pretensión está fuera de la realidad política y constitucional.

Cuando Oriol Junqueras –hablando elocuentemente sin papeles en la Caja de Música de Cibeles– glosó los datos macroeconómicos de Catalunya (la mayoría excelentes) y negó que hubiese fuga de empresas desde el Principado hacia otros lares e ilustró sobre el incremento demográfico del país, debido en buena medida a la inmigración, y cuando, en definitiva, expuso una inmejorable radiografía de la Catalunya de hoy a partir de no pocas variables positivas, delataba que una sociedad como la catalana en una tesitura progresivamente favorable, no está para revoluciones sino para evoluciones y, de forma elíptica y hasta inconsciente, el vicepresidente del Govern no retrató un pueblo catalán desesperado y presto a lanzarse a la calle si, como sucederá, el Estado no autoriza el referéndum de autodeterminación. O sea, Junqueras no mostró las credenciales de una sociedad al borde de la insurrección.

En estas circunstancias, Puigdemont, antes o después, de grado o por la fuerza (no parece político aferrado al cargo), será el Ibarretxe con el que ahora se niega parecido alguno y su partido, el PDECat, recorrerá el mismo tránsito –primero de duelo y luego de recuperación– que el PNV. Pueden aducirse todas las diferencias que se quieran pero asúmanse también los parecidos. Tiene lógica que en Catalunya ocurra algo similar a lo que sucedió en Euskadi, esto es, que el fracaso del proceso –salvo que se rectifique para reconvertirlo y el Gobierno acoja la corrección con sentido político– propicie un cambio de personas y de partidos en el gobierno. O sea, que aquí se produzcan las fases que allí se sucedieron: retirada de dirigentes, depresión electoral del partido matriz del independentismo, redirección de la estrategia en la oposición y regreso al poder con un planteamiento realista.

En política casi todo está visto y no hay una excepcionalidad tal que impida comparar versiones históricas.

Oriol Junqueras no mostró en Madrid las credenciales de una sociedad catalana al borde de la insurrección sino otra con variables económicas muy positivas