Cloacas eternas
Carlos Enrique Bayo y Patricia López querrían que el ministro de Interior les denunciara. Tienen ganas de contarle al juez todo lo que han descubierto sobre la operación Cataluny y darle pruebas de la guerra sucia. Es insólito: periodistas con ganas de ir al juzgado de instrucción. Cuando los informadores destapan algún hecho escandaloso, saben que corren riesgos: los perjudicados tienen derecho a llevarles ante los tribunales para defenderse. Es por ello que, si no eres meticuloso con tu trabajo, lo contrastas y estás bien seguro, mejor que no te dediques a este oficio: durarás poco y te pasarás la vida pagando multas y perdiendo juicios. Que se lo pregunten sino a Federico Jiménez Losantos, por poner un ejemplo.
Es por eso que es del todo inesperado que dos periodistas que, encima, están compareciendo ante un Parlamento, como ha sido el caso esta semana de los dos redactores de
Público en la cámara catalana, pidan expresamente que alguien les denuncie o que el fiscal abra de oficio una causa. Bayo y López consideran que sería obligatorio después de destapar la existencia de una brigada policial que va por libre, que se permite grabar a los ministros para hacerles chantaje si creen que están a punto de venderles y que se dedican a ejecutar todos los encargos de juego sucio que se les hace, incluida la fabricación de falsos expedientes sobre los enemigos de sus jefes políticos. Si es verdad, la Fiscalía debe intervenir para extirpar este cáncer del Ministerio de Interior y procesar a sus miembros y los políticos que les han amparado y alimentado durante años. Y si es mentira, unas acusaciones tan graves, que manchan de forma irreversible uno de los departamentos más importantes y sensibles en cualquier gobierno, deben ser radicalmente desmentidas y restablecido el prestigio de la institución. Yo añadiría, además, que el simple hecho de que el ministro Fernández Díaz sea grabado en su despacho mientras habla con el jefe de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, sin que (aparentemente) lo sepa, la grabación difundida urbi et orbi y no se haya encontrado al responsable (en el ministerio de la policía) es una muestra de incompetencia o de abuso de poder tan monstruosa que valdría la pena que nos echaran de la Interpol.
La operación Catalunya ha demostrado que las cloacas del Estado no sólo siguen existiendo, sino que tienen una fortaleza reforzada y multiplicada desde la época de los GAL. De hecho, la creación de dossiers para desacreditar a los políticos independentistas es sólo una pequeñísima parte de su actividad. Nos burlábamos en los 80 de Amedo y Domínguez, dos policías chulescos, bingueros y desmesurados que estuvieron tras una chapucera guerra sucia contra ETA que, si no fuera por los muertos y el sufrimiento, merecería que Ibáñez la plasmara en un álbum cambiándolos por Mortadelo y Filemón. Y no nos damos cuenta que, hoy, el
pequeño Nicolás ha ocupado su lugar como la cara folklórica de una policía que parece estar al servicio de los deseos inconfesables del ministro o político de turno pero, en realidad, lleva su propia agenda para poderlo extorsionar a placer e ir a la suya. Pero no pasará nada, se necesitan demasiado los unos a los otros. ¿La guinda de este indigesto pastel? Se la contó Fernández Díaz a Daniel de Alfonso: “El presidente lo sabe”.
La operación Catalunya ha demostrado que las cloacas del Estado se han reforzado desde la época de los GAL