Los vecinos ganan la batalla del ruido en Castelldefels

En Castelldefels, los chiringuitos generaron un agrio conflicto con los vecinos. Tanto es así, que el año pasado, el juzgado contencioso administrativo 5 de Barcelona condenó al Ayuntamiento por “lesionar con su inactividad” los derechos fundamentales de los ciudadanos por el exceso de ruido, a instancias de una denuncia presentada por la asociación de vecinos del barrio del Baixador.

El enfrentamiento nació en el 2012, cuando la ciudad estaba gobernada por el Partido Popular. “Se desregularizó el sector con demasiada permisividad, a veces la playa parecía una discoteca”, recuerda la actual alcaldesa, Candela López. “Se pasó de 60 decibelios a los 98”, aseguró en aquel momento el abogado del Col·lectiu Ronda, que representó a la asociación de vecinos en la causa.

Entonces, el nuevo gobierno comandado por ICV y PSC se vio obligado a elaborar un nuevo pliego de condiciones buscando el “equilibrio entre la actividad y el descanso de los vecinos”, según López. Todo se tramitó de urgencia, lo que hizo que las licencias se entregaran tarde, retrasando la puesta en marcha de los chiringuitos. Este año, con más margen de maniobra, los chiringuitos abrieron a tiempo con la nueva normativa, que divide la playa en diferentes zonas. “En los tramos donde hay vecinos más cerca se limita la música, y donde las casas y pisos están más alejados se es más permisivo”, resume Candela López.

Los juzgados obligaron al Consistorio a establecer un nuevo mapa de sonidos para la ciudad, el documento que regula los decibelios que los locales pueden generar, que fue aprobado tras 18 alegaciones y diversas aportaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV). Unas asociaciones que, finalmente, se mostraron satisfechas del resultado. “Al final se ha diversificado la oferta, generando más espacios gastronómicos y familiares”, asegura López, justo en el comienzo de una temporada que debería consolidar o no el nuevo modelo.