El Gobierno confía en que el fiscal Anticorrupción dimita
oeLos populares dejan de defender a Moix por su sociedad en Panamá oeEl probable cese, pendiente de una reunión con el fiscal general del Estado oeMoix asegura que no tiene “apego al cargo”, en el que lleva tres meses
Manuel Moix puede tener las horas contadas como jefe de la Fiscalía Anticorrupción. El Gobierno estima que ya son demasiadas las polémicas que ha protagonizado desde su acceso al cargo. Pero al propio tiempo estima que si cae será en parte víctima de maniobras y filtraciones urdidas desde la propia Fiscalía, por su forma de ejercer la autoridad interna y los cambios que quería llevar a cabo. No obstante, el caso de su sociedad en Panamá le ha dado al Ejecutivo la posibilidad de librarse de una carga, porque ese asunto es de la exclusiva responsabilidad personal de dicho fiscal.
El Gobierno, en suma, da por amortizado al fiscal Anticorrupción, a pesar de que Mariano Rajoy subrayó el martes que mantiene su confianza en él. En privado fuentes del Ejecutivo confiesan que lo mejor que podía hacer Moix sería dimitir, lo que le permitiría al Ejecutivo respirar después de semanas en las que todo se ve empañado por noticias referentes al fiscal. No obstante, el Gobierno niega saber si será cesado porque esa es una decisión que compete al fiscal general del Estado.
Los populares defienden que Moix no ha cometido ninguna irregularidad y que la dimisión, de producirse, obedecería más a una cuestión estética. Por ello, creen en el Gobierno, Moix sólo dejará el cargo si presenta voluntariamente su dimisión.
De hecho, el Ejecutivo ha dejado en manos del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la decisión sobre la permanencia o no de Moix al frente de la delicada Fiscalía Anticorrupción. Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, remitieron para la solución del asunto a la “autonomía” de que goza formalmente el ministerio fiscal.
Maza y Moix habían acordado entrevistarse a última hora de ayer o a primera hora de hoy. La información que el fiscal jefe de Anticorrupción haya proporcionado al fiscal general será clave para la resolución del problema. Moix ha hecho a lo largo de las últimas 48 horas numerosas LOS MOTIVOS Las explicaciones del jefe Anticorrupción de la sociedad en Panamá no convencen a nadie declaraciones en las que se ha exculpado argumentando que nada hubo de irregular en la herencia de un chalet en Collado Villalba (Madrid), puesto a nombre de una sociedad radicada en Panamá y compartida con sus tres hermanos. Si bien Moix dijo que no supo nada de esta herencia hasta el fallecimiento de sus padres en el 2008 y el 2011, el digital Infolibre lo desmintió con el testimonio de un abogado
que sostiene que Moix “estuvo presente” cuando sus progenitores declararon ante una juez en 1989 por un supuesto alzamiento de bienes al haber puesto la vivienda a nombre de la sociedad panameña.
El Gobierno no ha encajado bien las explicaciones de Moix. En parte, porque las considera una versión muy parcial y edulcorada de lo ocurrido. Y también porque el Ejecutivo ha manifestado en diversas ocasiones que no considera compatible el ejercicio de cargos públicos con la tenencia de intereses en paraísos fiscales. Una de las veces en que tuvo que aplicar esta doctrina fue aquella en que el exministro José Manuel Soria tuvo que causar baja en el Gobierno.
Moix señaló ayer que no tiene “apego” al cargo y que había cumplido la legalidad “de forma estricta y escrupulosa”. Toda la oposición opina lo contrario y mantuvo la presión para que dimita o sea cesado. Gabriel Rufián (ERC) comparó la situación con la de la directiva de un club de fútbol que elogia al entrenador del equipo un minuto antes de echarlo. Celia Villalobos (PP) dijo, en cambio, que tras el caso Moix hay que preguntarse si los cargos públicos tendrán que ser “pobres de solemnidad” o de “clausura”.
En la Fiscalía Anticorrupción, por otra parte, se espera el desenlace con el convencimiento de que hay que abrir una nueva etapa. La asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, a su vez, pidió ayer que se realice una inspección fiscal a Moix y a sus tres hermanos para establecer si su empresa en Panamá es una sociedad creada para eludir el pago de 90.000 euros de impuestos, cantidad aludida por el propio Moix como coste de la disolución de dicha firma.
Paralelamente, en la Audiencia Nacional sí se ha encontrado el camino para cerrar otro relevo, el del juez Eloy Velasco, instructor de los casos Púnica y Lezo. Velasco va a ser sustituido por el magistrado Manuel García Castellón, que es juez de enlace con Italia, con residencia entre Roma y Madrid. García Castellón, de 64 años, es un veterano de la Audiencia. Ya fue juez de instrucción en esta instancia judicial, y ahora es el titular de la plaza que corresponde al juzgado central de instrucción número 6, el que ha venido cubriendo Velasco. Lo que hace, en suma, es volver al órgano judicial en el que tiene la titularidad y con ello se evitan nuevas polémicas.
Para el Gobierno, por tanto, es la solución idónea. De hecho, se especula con la posibilidad de que el regreso de García Castellón haya sido estimulado desde altas esferas, tras muchos años de servicio en el exterior. Antes de ser juez de enlace con Italia, lo fue con Francia.
Ha pasado, en suma, más de diez años entre París, Roma y Madrid, después de un período en la Audiencia Nacional que fue particularmente intenso. En aquella etapa anterior, a García Castellón le correspondieron los procesos contra el expresidente de Banesto, Mario Conde, o con el desaparecido expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil.
A García Castellón le correspondió también el procedimiento por el asesinato de Miguel Ángel Blanco por terroristas de ETA. En la Audiencia le esperan, de entrada, los procesos sobre el saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II y la operación Púnica, entre otros.
LAS EXPLICACIONES El fiscal cuestionado dice que cumplió con rigor la legalidad y que no tiene apego al cargo