El futuro del BID
En el ecuador de los actuales mandatos municipales, la realidad de la gestión diaria de nuestras ciudades supera a menudo los bienintencionados deseos de resolver con prontitud y firmeza los complejos problemas urbanos. Uno de los parámetros que de manera errónea se ha tendido a desterrar durante estos últimos tiempos es el de la colaboración público-privada. Las ciudades se caracterizan por hospedar gran número de actividades –básicamente servicios– que son intrínsecas al hecho urbano, como el comercio y el resto de los servicios personales, buena parte de los servicios a las empresas o la hostelería, la restauración y las actividades culturales y turísticas.
El otro elemento consustancial al hecho urbano es la vivienda, y el adecuado equilibrio entre las actividades productivas que se desarrollan en la ciudad y la actividad residencial requiere de nuevas fórmulas de concertación y de gestión para abordar retos que hasta hace poco eran inexistentes. La sobreocupación del espacio público y los costes extraordinarios de mantenimiento que genera, la convivencia entre las necesidades de descanso o de abastecimiento diario de los vecinos y las actividades de ocio o directamente dirigidas a los no residentes, el equilibrio entre peatones, transporte privado y transporte público son algunos de los conflictos diarios que afronta la ciudad. Conflictos que a menudo aborda la administración municipal sin recursos suficientes y sin mucho conocimiento de causa, lo que comporta soluciones ineficientes y poco consensuadas. En el mundo anglosajón la administración siempre se ha dirigido más a estimular el acuerdo entre particulares y limita la intervención pública a los aspectos que los individuos, solos o asociados, no pueden resolver. No es casualidad, pues, que la fórmula de más éxito en la gestión públicoprivada del espacio urbano –los llamados Business Improvement Centers, los BID– naciera y se desarrollara en primer lugar en Norte América hace 50 años. De allí llegaron a Europa, donde se han extendido con notable éxito en países como Reino Unido, Alemania y Francia.
Recordemos que se trata de comercios y de otros negocios urbanos que, en un área concreta, se constituyen en una asociación dedicada a mejorar el mantenimiento, el funcionamiento y los servicios ciudadanos. El elemento innovador es que en caso de aprobarse la constitución del BID, siempre en un referéndum, los resultados obligan a todo el mundo, tanto si ha votado a favor como en contra, por lo cual todo el mundo colabora, a menudo a través de un recargo en un impuesto municipal que recauda directamente el ayuntamiento y cede al BID. Por lo tanto, las actuaciones del BID siempre se tienen que hacer de común acuerdo con el ayuntamiento y, cada cinco años, se vota su renovación. Sin duda, los BID tendrían que constituir también en Catalunya una apuesta de futuro de colaboración público-privada para mejorar la gestión de los centros urbanos.
La gestión de los centros urbanos ganaría con la fórmula público-privada