Gordó choca con el PDECat tras ser imputado por el 3%
oeEl TSJC investiga al exconseller por la supuesta financiación ilegal de CDC oePascal le insta a irse y el diputado sopesa pasar al grupo mixto
El caso del 3% afecta ya al Govern de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abriera ayer una investigación a Germà Gordó, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras como las de refuerzo del dique del Est en el puerto de Barcelona y el mantenimiento de centros escolares públicos de la capital catalana, a cambio de donaciones a fundaciones afines a CDC.
Las pesquisas abarcan el periodo 2011-2015, fechas en las que Gordó fue secretario del Govern (entre el 2010 y el 2012), primero, y conseller de Justícia (2012-2016), después.
Según el auto hecho público ayer por el TSJC, Gordó “presuntamente junto a otras personas”, llevó a cabo “una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos”, para lo cual “terciaba directa o indirectamente ante las autoridades responsables de su decisión”, y a cambio las compañías “realizaban cuantiosas donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto CatDem y Fòrum Barcelona”; abonos cuantificados en 247.000 euros, amén de regalos.
En el escrito se mencionan las siguientes concesiones: mantenimiento de edificios escolares públicos en los distritos de HortaGuinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí (por valor de 4.735.862 euros), refuerzos del dique del Est en el puerto de Barcelona (39.603.138 euros), mejora de una carretera en Manresa (2.101.864 euros), conservación de otra vía en Berga (7.260.071 euros) y reforma de un instituto en Manresa (2.671.559 euros). Para describir la mecánica que se estima irregular, hay que acudir a los atestados de la Guardia Civil incluidos en el sumario, y recogidos en los informes de la Fiscalía Anticorrupción. El auto del TSJC relata que los indicios principales que se consiguieron son las agendas personales, que son las de Francesc Xavier Tauler, exdirectivo de Copisa, y Andreu Viloca, extesorero de CDC y administrador de ambas fundaciones; pruebas obtenidas en los registros llevados a cabo y que se reforzaron con los testimonios de acusados y testigos.
Así, en el caso del dique del Est, la Guardia Civil describe la siguiente cadena de acontecimientos. El 22 de diciembre del 2011 se hizo pública la licitación de las obras por un valor de 39.603.138 euros. En la agenda de Tauler, el 14 de noviembre del 2011, hay una anotación que dice: “Port BcnComsa-G. Gordó”. El 16 de ese mes día figura una reunión en la agenda de Viloca que reza: “GermàObra Port 40M”. El 28 de marzo del 2012 se resuelve el contrato a favor de una UTE en la que están Comsa y Copisa, además de Acsa y Benito Arnó e Hijos, y el 17 de abril hay donaciones de 25.000 euros cada una a CatDem y Fórum Barcelona por parte de Copisa; jornada en que consta una cita entre Viloca y Tauler. El 10 de mayo se publica el anuncio de la licitación, y el 26 de junio la constructora dona 50.000 euros más a las fundaciones.
Otro ejemplo es el del Consorci d’Educació de Barcelona, también descrito por la Guardia Civil. El 7 de noviembre del 2011 se anuncia que saldrán a concurso dos lotes para el mantenimiento de centros escolares en los distritos de la ciudad. El 14 hay una reunión entre Gordó y Viloca; el 15 se publica el anuncio en el DOGC; el 16 consta una reunión entre Tauler y Gordó por el puerto y el Consorci; el 6 y el 8 de febrero del 2012 se relacionan contactos entre Viloca y Tauler; el
14 hay donaciones a las fundaciones por 50.000 euros por parte de Copisa; el 16 de junio se anuncia la concesión del lote correspondiente a Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, y el 26 hay otra reunión entre Viloca y Tauler y se produce otro ingreso en CatDem y Fòrum Barcelona de 50.000 euros.
El auto del TSJC refiere también como Gordó “habría conseguido que la constructora Pasquina donase a las fundaciones, al menos, unos 147.000 euros entre los años 2014 y 2015” a cambio de la concesión de unas obras de mejora de una carretera y Manresa; y que también habría sido beneficiado “con diversos regalos personales de la empresa Oproler por mediar en la adjudicación de la misma –integrada en una UTE con grupo Soler– de las obras de adecuación del instituto Lluís de Peguera de Manresa”. Aquí pudo haber actuado por la empresa Josep Manel Bassols, imputado en la causa y esposo de una magistrada del TSJC, con quien Gordó mantenía “relaciones personales y políticas”.
Además, el TSJC añade que los acusados utilizaban nombres ficticios para referirse a Germà Gordó (Gregorio o Gerardo, según consta en la causa), extremo que habría sido reconocida por los acusados en sus testimonios. De la misma manera se refiere que existen las declaraciones de dos testigos protegidos. Uno de ellos, un contratista, explicó al juez de El Vendrell que se reunió con Artur Mas y Germà Gordó y que trataron de donaciones a cambio de concursos, y que Mas le dijo: “Tienes que hacer lo que este te diga”, en referencia a Gordó, según pudo saber La
Vanguardia.
La decisión del TSJC es consecuencia de la petición del juez de El Vendrell, que era la segunda vez que pedía que se le investigase. La primera se desestimó y se le indicó que solicitara las agendas oficiales de Gordó en el Govern. En el auto de ayer se cita que la Generalitat no las ha aportado, ni en papel ni en soporte informático, y que se había “eliminado el buzón del servidor departamental”.