El Govern recurre a altos cargos para contratar urnas al negarse los funcionarios
La constitución del órgano de adjudicación se retrasó hasta ayer
La negativa de algunos funcionarios a ir a la mesa de contratación y la exigencia de otros de recibir las órdenes por escrito impidieron a la Conselleria de Governació constituir hasta ayer a las 13 horas el órgano encargado de adjudicar el contrato de las urnas para el referéndum que impulsa el Govern. Finalmente, hubo que recurrir a altos cargos de confianza política.
El Govern se ha visto obligado a recurrir a altos cargos de designación política para formar la mesa de contratación para la compra de las urnas del referéndum ante la negativa de los funcionarios a formar parte de esta. Durante varias semanas, el Govern ha topado con serios problemas para constituir esa mesa de contratación. Unos funcionarios han declinado directamente formar parte de ese órgano y otros han exigido una orden escrita de sus inmediatos superiores que les eximiera de toda responsabilidad.
La mesa de contratación es la encargada de abrir las plicas para que las empresas puedan concurrir al concurso de adjudicación de las urnas. Como es habitual, se convocó a los funcionarios correspondientes para su constitución, pero declinaron. Durante varias semanas, el Govern ha buscado cómo sustituirlos. Finalmente, se ha tenido que recurrir a cargos de confianza polítimayo ca y no funcionarios para ese cometido.
Esta ha sido la primera constatación fehaciente de las dificultades con que va a encontrarse el Govern para organizar el referéndum con el Gobierno central en guardia y dispuesto a llevar cualquier movimiento del Ejecutivo catalán a los tribunales. La apertura de las ofertas tenía que haberse realizado el día 30 de y, al final, se hará el 7 de junio, debido a esas trabas.
El acuerdo marco para la compra de urnas que el Govern publicó en el
el pasado 7 de mayo ha supuesto un problema tras otro. Primero, porque nadie esperaba que la Fiscalía se querellara inmediatamente contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y contra el secretario general del departamento, Francesc Esteve, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos cuando la compra de urnas –sin especificar su finalidad– es, en principio, una competencia autonómica; y segundo, porque la querella, que todavía no ha sido comunicada a los implicados, ha tenido un efecto disuasorio evidente entre el funcionariado.
La mesa de contratación de la conselleria está habitualmente formada por un responsable de la asesoría jurídica, otro de la intervención, un técnico sobre la cuestión en discusión –en este caso del área de procesos electorales–, un miembro de la secretaría general y otro del gabinete técnico. Unos se han negado directamente a formar parte de la mesa, mientras que otros han exigido una orden por escrito. Estas trabas han retrasado el calendario de licitación.
La previsión era que el pasado martes se hubiera efectuado la apertura de las ofertas económicas, previa admisión de las empresas a licitación. Finalmente, ayer a las 13 horas y no sin problemas se constituyó la mesa de contratación con el secretario general, Francesc Esteve, sobre el que la Fiscalía ya ha puesto el foco; la secretaria de Administració i Funció Pública, Meritxell Massó; el de Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, y el de Administracions Locals, Joaquim Ferrer, además del interventor y
responsable de la asesoría jurídica de la conselleria. La elección de los miembros de la mesa no es menor, ya que todos ellos forman parte del grupo de altos cargos que firmaron solemnemente su compromiso en la organización, convocatoria y celebración del referéndum en un acto público en el Palau de la Generalitat.
Las empresas admitidas son Plastic Express, SA, y la UTE formada por Espai World SL y Suministros Integrales Futbida SL, todas ellas de Barcelona, aunque las ofertas económicas no se comprobarán hasta el día 7, únicamente para las urnas de plástico. Para la adjudicación de urnas de cartón no se ha acreditado a ninguna empresa. Tras ese segundo trámite, se debería ejecutar el encargo de compra. La previsión del Govern era contar con un máximo de 8.000 urnas transparentes para procesos electorales, con un coste de 23 euros por unidad, y otras 4.000 urnas de cartón. El presupuesto total de licitación alcanzaba los 242.000 euros.
La duda es cómo actuará ahora la Fiscalía, que, con el anuncio del acuerdo marco, ya acusó a Borràs de una “voluntad rebelde” hacia las decisiones del Tribunal Constitucional hasta el punto de provocar “una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura”. El proceso, además, es prolijo, puesto que estamos aún en la fase previa de homologación de las empresas concurrentes, y aún falta la de adjudicación.
El temor a sufrir acciones penales cunde entre el funcionariado de la Generalitat. De hecho, Comisiones Obreras ha recibido varias consultas de personas que mostraban su inquietud al respecto, por lo que el sindicato está elaborando un protocolo de actuación para los empleados públicos de la Generalitat que se encuentren en la tesitura de obedecer a los cargos políticos del Goven o desobedecer a los avisos del Tribunal Constitucional. Entre el funcionariado, además, ha hecho mella la decisión de la Fiscalía de pedir al Tribunal de Cuentas que investigue a los responsables del 9-N para que “devuelvan” los gastos de la consulta, a partir de una querella de Societat Civil Catalana, que cifra en cinco millones de euros ese desembolso (véase la página 16). En este caso afectaría al expresident Artur Mas y sus consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que podrían tener que aportar una cuantiosa fianza si la investigación sigue adelante o responder con su patrimonio personal.