El riesgo de la filtración
Carles Casajuana alerta de los efectos nocivos de las filtraciones judiciales que, con demasiada frecuencia, ponen en manos del público información que ni siquiera ha sido vista por el juez: “Nos hemos acostumbrado y ya no nos detenemos a pensarlo, pero ante estas filtraciones los acusados tienen toda la razón en sentirse indefensos. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? En un Estado de derecho, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, ellos serán culpables hasta que alguien decida que no hay pruebas para condenarles”.
En un periódico nacional de gran circulación, bajo el titular “La policía insinúa que X cobró comisiones”, leo una noticia que más o menos dice: “Un informe policial remitido al juez de la Audiencia Nacional que se ocupa del caso A de corrupción y blanqueo de capitales apunta que X, ministro entre los años tal y tal, cobró comisiones por operaciones corruptas en los países C y D. El documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que la empresa Y, a la que X está vinculado, puede haber recibido sobornos por los proyectos tal y cual. Según los investigadores, los fondos obtenidos por estas operaciones fueron presuntamente desviados luego por X a una sociedad patrimonial suya. En una conversación con este diario, X ha negado rotundamente los hechos. Se ha quejado de la indefensión que le provoca ser mencionado en este informe sin tener conocimiento de la investigación y ha anunciado que tomará medidas para defender su imagen”.
Es una noticia que, últimamente, ya no llama la atención. ¡Vemos tantas similares! Casi ya ni las leemos. Estamos hastiados.
Y, sin embargo, hay algo sobre lo que tal vez vale la pena reflexionar un momento. En esta noticia, y en muchas semejantes, no se dice que haya pruebas de que X haya cobrado comisiones, ni se habla de ninguna sentencia judicial. El diario sólo habla de una investigación en marcha. Pero, si por el momento no hay pruebas, ¿no sería mejor mantener la investigación en secreto hasta que se confirme el delito, por si luego resulta que todo es un malentendido? ¿Es aceptable que se manche el nombre de un señor que ejerce una actividad privada simplemente porque la policía sospecha que ha cobrado comisiones? ¿No convendría esperar a tener pruebas?
X se queja de indefensión. Nada nuevo: todos se quejan de lo mismo. Es lo primero que hacen. Pero ¿y si tiene razón? Y si luego resulta que las sospechas no tienen fundamento, ¿quién le restituirá el honor perdido? ¿Y si alguien le está haciendo un chantaje y filtra estas informaciones para sacarle dinero a cambio de detener las investigaciones y archivar el caso? No creo que haya que recordar la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde Xavier Trias, de la que nunca más se supo.
En Hay derecho, un admirable blog que desde hace unos años defiende con vigor el Estado de derecho, hay una historia similar contada por el abogado Pablo Olivera (http:/ /hayderecho.com/2017/05/03/por-quehe-dejado-de-creer-en-la-fiscalia-anticorrupcion). Vale la pena leerla.
En el caso de X, la policía ha enviado un informe al juez. En el del bufete de Pablo Olivera, la Fiscalía ha presentado una querella. En ambos casos, los interesados se han enterado por la prensa y el juez aún no ha intervenido. Pero el tribunal de la opinión pública ya ha dictado sentencia: sospechosos de corrupción. ¡Dos más!
Nos hemos acostumbrado y ya no nos detenemos a pensarlo, pero ante estas filtraciones los acusados tienen toda la razón en sentirse indefensos. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? En un Estado de derecho, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, ellos serán culpables hasta que alguien decida que no hay pruebas para condenarles.
Yo tengo mucho respeto por los jueces, pero no les envidio. Su trabajo es muy ingrato. Investigar y juzgar este tipo de delitos no debe de ser cómodo ni placentero. Pero no veo cómo lo pueden hacer si los informes policiales y las querellas llegan a sus manos con la sentencia de la opinión pública ya dictada. ¡Pobres de ellos si después no ven motivos para procesar a nadie! ¡Quién sabe de qué les acusarán! Además, ¿cómo pueden investigar si los investigados, alertados por la prensa, pueden destruir todas las pruebas que quieran?
Estas filtraciones ¿no proyectan una sombra de duda sobre todo el sistema judicial? Yo no sé qué hacen los países serios para evitarlas, pero me pregunto si un juez alemán, danés o sueco aceptaría hacerse cargo de un caso en estas condiciones. Nos estamos acostumbrando a una situación en la que cada día es más difícil distinguir la corrupción real de la supuesta y en la que los interesados en difundir sospechas pueden hacerlo impunemente. Huelga decir que a los corruptos de verdad este tipo de noticias les van muy bien, porque diluyen sus culpas en medio de un mar de sospechas y de escándalos ficticios.
La lentitud de la justicia nos obliga a convivir con casos abiertos durante años. Esto crea una sensación de suciedad y de impunidad que resulta cada día más desagradable. Sólo falta que filtraciones como estas –tan habituales– desdibujen la línea que en un Estado de derecho debe separar nítidamente los delitos probados de los investigados. Un ingenuo podría pensar que estas filtraciones contribuyen a luchar contra la corrupción. En realidad, ocurre todo lo contrario. Cuanto más kafkiana es la situación en los tribunales, mejor para los corruptos.
Si de momento no hay pruebas, ¿no sería mejor mantener la investigación en secreto hasta confirmar el delito?