El fiscal pide al Tribunal de Cuentas que indague los gastos del 9-N

El 9-N sigue dando vueltas por instancias judiciales y no judiciales. Ahora la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe favorable a que se investigue la actuación desarrollada por Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau “para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5.129.833 euros en las votaciones del 9-N” de 2014.

En el propio Tribunal de Cuentas no se tienen dudas de que la investigación se llevará a cabo. Estamos en un ámbito distinto al penal. En esta vertiente contable ya no se habla de delitos, aunque se trata de aclarar si hubo un uso indebido de recursos públicos en la convocatoria y desarrollo del mencionado proceso participativo. En el ámbito penal, la Fiscalía tuvo en su día buen cuidado de no acusar de malversación a ninguno de los citados altos cargos de la Generalitat que fueron juzgados por el 9-N.

El objetivo de los fiscales era entonces obtener la condena por desobediencia y/o prevaricación, que suponen pena de inhabilitación. Pero se evitó muy conscientemente la acusación de malversación porque esta conducta sí que está penada con penas privativas de libertad, que es lo que se quería evitar en ese concreto caso. Como lo que se pide es la investigación del proceder de personas concretas, la acción se dirige contra Mas, Homs, Ortega y Rigau para que respondan directamente del citado uso indebido de fondos públicos.

Por tanto, en primera instancia podrían ser ellos mismos quienes tuvieran que afrontar con sus bienes una eventual responsabilidad en el caso de que se les considerara culpables de dicha desviación. No obstante, el abogado de Homs, Sergi Blázquez, afirma que en esa situación habría que alegar que el 9-N ya ha sido objeto de un procedimiento penal, en el que nadie habló de malversación –salvo el fallo del propio Supremo sobre el exconseller de Presidència, al decir que no se pronunciaba sobre el asunto por no existir acusación al respecto–, y por tanto sostendría que se trata de cosa juzgada.

El informe del fiscal ante el Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, tiene su origen en una denuncia presentada el pasado 19 de mayo por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes. Ambas organizaciones consideran que los altos cargos de la Generalitat vinculados a la organización y desarrollo del 9-N no están exentos de responsabilidad contable por el hecho de haber sido ya juzgados en el ámbito penal. Los denunciantes estiman, en suma, que las cuatro personas citadas utilizaron indebidamente fondos públicos para un proceso de participación ciudadana “carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria”.

La Fiscalía, a su vez, ha elaborado un informe sobre la denuncia, llegando a la conclusión de que los hechos pueden suponer efectivamen- te responsabilidad contable. En este sentido, el dictamen del fiscal constata la existencia de numerosos pagos realizados con cargo al erario público. Estas disposiciones de fondos –añade– tuvieron como finalidad llevar a cabo la consulta a pesar de que dicha iniciativa era contraria al “ordenamiento jurídi-

co según mandato explícito del Tribunal Constitucional”.

Por todo ello, el fiscal Torres considera que los fondos destinados a dichos fines se emplearon para un objetivo “radicalmente ajeno a la función pública” y que resultan, por tanto, “carentes de justificación”. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas debe tener constancia de que en su día la posible acusación por malversación fue muy debatida entre los fiscales de lo penal del Supremo. Pero finalmente no la formularon. Ahora, la Fiscalía sostiene, en cambio, que en la jurisdicción contable existe un concepto propio de malversación, independiente del que se maneja en la esfera penal, y que puede ser perseguido. El fiscal Torres considera, por tanto, que la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas debe nombrar un delegado instructor que lleve a cabo la investigación.