Un problema de Estado
LA violencia de género es un fenómeno que, lejos de ser erradicado, vuelve a aumentar de forma preocupante en España. El pasado fin de semana tres mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, lo que elevó las víctimas mortales a 27 en lo que va del 2017, una de las cifras más altas de los últimos años. Anteayer otra mujer fue reiteradamente apuñalada en Murcia y un bebé resultó muerto y su madre gravemente herida en Cádiz como consecuencia de las heridas causadas por sus parejas. Un rosario de víctimas que se sucede sin apenas solución, a pesar de las campañas de concienciación que organizan gobiernos y asociaciones diversas.
En el 2016 un total de 28.281 mujeres solicitaron una orden de protección o medidas cautelares y se inscribieron en el Registro Central de Víctimas del Ministerio de Justicia. Un 2,4% más que en el 2015. Aunque los expertos afirman que este aumento en las solicitudes se debe a una mayor concienciación de la sociedad frente al problema de la violencia de género, lo cierto es que las cifras de víctimas mortales, a juzgar por lo que llevamos del 2017, lleva camino de aumentar después de tres años de regresión continuada. Con la circunstancia añadida de que se incrementa el número de casos de agresiones en mujeres mayores de 75 años.
Hace 13 años que se aprobó en España la ley integral contra la violencia de género y es cierto que ha resultado positiva, especialmente en lo que se refiere a la toma de conciencia de un problema que permanecía soterrado bajo prejuicios machistas de todo tipo. Sin embargo, en esos 13 años la violencia de género ha causado 865 víctimas mortales, una cifra que denuncia claramente que nos encontramos ante un auténtico y dramático problema de Estado.
El Congreso de los Diputados, por iniciativa de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, está trabajando para ultimar un pacto de Estado contra la violencia de género que avance en tres direcciones: protección, prevención y sensibilización. Pero también debería poner remedio a algunas disfunciones detectadas desde que entró en vigor la ley. Por ejemplo, falta de recursos para ofrecer una protección eficaz a la víctima de esa violencia, así como poner coto al elevado número de casos archivados porque la denunciante renuncia ante lo que considera un auténtico laberinto judicial. Asimismo, la ley debería incluir como cuestiones añadidas al fenómeno de la violencia doméstica, entre otros delitos, el acoso sexual, el matrimonio obligado y la mutilación genital. Un problema de Estado que requiere un pacto de todos.