El Gobierno prevé que la justicia dé miles de licencias como las de Uber
Los tribunales ya han autorizado 3.740 permisos VTC gracias a un vacío legal
El conflicto desatado por la irrupción de servicios como Uber y Cabify, que operan con vehículos bajo licencias de alquiler con conductor (VTC), tiene visos de complicarse y enervar si cabe más al sector del taxi, que está movilizado en contra de estas empresas. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, en poco tiempo podría haber un aluvión de nuevas autorizaciones de este tipo logradas por vía judicial. Pueden ser miles, según el Ministerio de Fomento, resultado de sentencias judiciales favorables a los solicitantes que no las obtuvieron y las reclamaron entre el 2009 y el 2013 aprovechando un resquicio legal.
La ley Ómnibus aprobada por el gobierno socialista en el 2009 liberalizó el sector de modo que la relación que había hasta entonces de una licencia de VTC por cada 30 de taxi desapareció. Esto ocurrió en un momento en que este tipo de servicios se consideraba de lujo y no parecía una amenaza para el taxi. Y mucho antes de que las aplicaciones de telefonía móvil transformaran el modo en que los clientes solicitan los servicios y propiciara una batalla entre ambos por el mismo público, a medida que las fronteras que los separan se difuminaban. Los VTC no pueden captar pasaje en la calle, pero las apps superan esta barrera. Las agresivas políticas de precios de las nuevas empresas han puesto el resto. No fue hasta el 2013 cuando el gobierno del PP, mediante una modificación de la ley de Ordenación del Transporte Terrestre, recuperó la posibilidad de establecer una proporción entre los dos tipos de autorización. Los desarrollos normativos del 2015 recuperaron la relación 1/30.
Las licencias de VTC solicitadas en ese periodo sin límites y rechazadas por las administraciones competentes (las comunidades autónomas) han dado pie a reclamaciones ante los tribunales que están dando frutos. Según cifras de Fomento, ya se han logrado 3.740 autorizaciones por vía judicial, a las que podrían sumarse miles más en caso de prosperar las reclamaciones ante los tribunales pendientes de resolución. Actualmente hay 5.928 licencias de VTC en toda España, un 171% más de las 2.188 que debería haber si se aplicara la proporción 1/30 ya que hay 65.670 autorizaciones de taxi.
En Catalunya, hay 853 licencias de VTC por 12.497 de taxi, lo que arroja una ratio de una por cada 15. De las primeras, 436 se han obtenido como consecuencia de sentencias judiciales. La relación menos favorable para el taxi es la de Cantabria (1/3). Pero en términos absolutos la Comunidad de Madrid es la que tiene más VTC, 2.223 (1.705 por vía judicial) por 15.544 de taxi, con una relación de 1/7. La capital de España es la única ciudad del país en la que opera la estadounidense Uber, donde también está la española Cabify. Esta última además da servicio en Barcelona, Valencia, Bilbao, Vitoria, A Coruña, Málaga, Sevilla y la isla de Tenerife.
Fomento recordó ayer que no tiene capacidad para actuar frente a las autorizaciones reclamadas entre el 2009 y el 2013 que se están otorgando por vía judicial, mediante sentencia, aunque se esté superando la ratio 1/30. Y añadió que, aunque la regulación del sector del VTC corresponde al citado ministerio, la gestión de las autorizaciones y su concesión compete a las comunidades autónomas, así como la inspección. El departamento que dirige Íñigo de la Serna ha convocado una reunión para este martes con responsables de las autonomías y ayuntamientos en la que se abordarán mecanismos de cooperación para intensificar los controles.
En Madrid ya hay un coche de alquiler con conductor por cada siete taxis; en Catalunya, cada 15