Jueces para la Democracia señala ahora a Lesmes
Las aguas no se calman en el ámbito de la justicia. Aún no ha escampado la tormenta en la Fiscalía, tras la crisis que condujo a la renuncia inducida del jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, y la izquierda judicial, a través de su asociación, Jueces para la Democracia (JpD) ya abre un segundo frente al pedir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, acusándole de encabezar un supuesto plan de control de la actividad de los tribunales para favorecer al Gobierno.
El motivo inmediato de la actuación contra Lesmes reside en los últimos nombramientos del Consejo, en especial los de Concha Espejel como presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y los de los de Enrique López y Eloy Velasco para la Sala de Apelaciones de la misma instancia judicial. Jueces para la Democracia ve un hilo conductor en estas designaciones, y considera que todo obedece a un plan nada improvisado de control de órganos judiciales especialmente sensibles, por su relación con la persecución penal de los delitos de corrupción.
En este sentido, JpD estima en una resolución hecha pública ayer que Lesmes lleva a cabo un “papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del gobierno”. La asociación de los jueces progresistas considera que el Consejo del Poder Judicial está llevando a cabo una política “sectaria” en sus nombramientos, sobre todo en lo relativo a los mencionados de Espejel, López y Velasco.
JpD concentra fundamentalmente sus críticas en Espejel y López por estimar que su trayectoria está muy vinculada al apoyo que han recibido del PP para acceder a diversos cargos judiciales. Y a este propósito subraya que ambos han sido apartados en tres ocasiones por
la Sala Penal de la Audiencia Nacional de causas que afectaban a los populares. JpD sostiene que esas recusaciones se admitieron “por su falta de imparcialidad para conocer de causas penales relacionadas con delitos de corrupción del partido del Gobierno”.
La izquierda judicial interpreta en la misma línea la designación de Carmen Llombart como magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Llombart es vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, y antes fue presidenta de la Audiencia provincial de Valencia.