Transitoriedad jurídica
El Consell de Garanties analizará el nuevo reglamento del Parlament
Ya está lista la reforma del reglamento del Parlament impulsada por JxSí y la CUP que permitirá aprobar por procedimiento de urgencia y sin debate la ley de desconexión.
La reforma del reglamento del Parlament impulsada por Junts pel Sí y la CUP, que permitiría aprobar por procedimiento de urgencia y sin debate la ley de transitoriedad jurídica (conocida como la ley de la “desconexión”), superó ayer una de sus últimas estaciones.
La comisión del Reglamento de la Cámara aprobó con los votos de la mayoría independentista el dictamen para que la norma vigente incorpore los cambios que permitan tramitar por lectura única, impulsada por los grupos parlamentarios, futuras propuestas de ley.
Una medida ideada para presentar y aprobar en un solo día la ley que facilite la ruptura unilateral con el Estado que permitiría “substituir” la legalidad vigente por una “legalidad catalana”.
Los partidos de la oposición, que vieron como sus enmiendas al texto –especialmente las relacionadas con la habilitación de este mecanismo rápido de aprobación– fueron tumbadas sin excepción, reiteraron en la comisión su acusación a Junts pel Sí y la CUP de querer “devaluar la democracia” y “taparles la boca” con este cambio exprés pese a “representar a un mayor número de catalanes”.
La oposición pretendía limitar el tipo de leyes que se podrán aprobar con el procedimiento exprés tras la aprobación del nuevo reglamento. En las enmiendas presentadas se proponía que no se pudiesen aprobar con este mecanismo leyes que pudiesen afectar al Estatut o la estructura institucional de la Generalitat.
La oposición considera que una ley tan trascendente como la que avalaría la ruptura con el Estado no puede ser aprobada sin debate.
En su intervención, el portavoz de la CUP, Benet Salellas, admitió que muchas de las consideraciones hechas por la oposición serían “asumibles en un contexto de normalidad democrática y a nadie se le hubiera pasado por la cabeza esta reforma del reglamento”. Pero en la actual situación de “excepcionalidad”, señaló Salellas, se sienten empujados a la “necesidad de autotutelar nuestros derechos”.
“Pretenden que los grupos no puedan enmendar, ni tan siquiera recurrir las proposiciones de ley”, lamentó el vicepresidente segundo de la Mesa y diputado de Cs José María Espejo Saavedra. El portavoz del PSC, Ferran Pedret, señaló la paradoja de que, a su juicio, con el nuevo reglamento que desea el bloque soberanista se podría tramitar una reforma del Estatut sin tener las mayorías necesarias. El portavoz del PP, Alejando Fernandez, subrayó que no había presentado enmiendas para no participar “en un proceso antidemocrático y viciado de origen”. Por su parte, el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, advirtió de que de seguir adelante la modificación reglamentaria la Cámara catalana gozará de un nivel de garantías democráticas “inferior al resto de parlamentos autonómicos”.
Después de aprobarse el dictamen, el último trámite pendiente es su debate en el pleno a finales de julio, que no tendrá lugar hasta entonces porque antes deberá pronunciarse el Consell de Garanties Estatutàries, al que han pedido amparo los grupos parlamentarios de Cs y PSC.
Otra de las propuestas rechazadas, esta vez con los votos de Junts pel Sí, PP y PSC, fue la que presentó la CUP y que pretendía que cualquier diputado investigado estaría obligado a abandonar el Parlament provisionalmente. Esta propuesta podría comportar en este momento, con la reciente imputación del exconseller Germà Gordó, la expulsión de este diputado, ya que proponía que “la mera condición de investigado por un procedimiento penal por parte de un órgano judicial de ámbito penal por un delito de ámbito de corrupción política provocará inmediatamente la suspensión de la condición de diputado por un periodo de tres meses”.
La iniciativa en cuestión sólo recibió el voto favorable de CSQP, mientras Ciutadans optó por la abstención. Jordi Turull, el portavoz de Junts pel Sí, dejó abierta la puerta a llegar a un acuerdo sobre esta propuesta antes de que la ley se debata en el pleno.