Alerta permanente
Alarma en las organizaciones cívicas ante normas declaradas anticonstitucionales
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere integrar el grueso de las medidas de excepción recogidas en el estado de urgencia declarado tras los sangrientos atentados yihadistas de noviembre del 2015 en el derecho ordinario.
El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere integrar el grueso de las medidas de excepción establecidas en el estado de urgencia declarado tras los sangrientos atentados yihadistas de noviembre del 2015 en el derecho ordinario.
Tal es el sentido del proyecto de la ley para reforzar la lucha contra el terrorismo y la seguridad interior que el Gobierno examinó el miércoles.
“Arrestos domiciliarios, registros administrativos, cierre de lugares de culto, zonas de protección y de seguridad, todas estas medidas emblemáticas del régimen de excepción creado en 1955 durante la guerra de Argelia y perfeccionado en retoques sucesivos desde los atentados del 13 de noviembre del 2015 se encontrarán, con algunas modificaciones marginales, en el derecho ordinario”, recela el diario Le Monde. Renovado seis veces desde el 2015, el estado de urgencia va a volver a renovar hasta el próximo noviembre. El proyecto de ley pretende evitar nuevas renovaciones convirtiendo en corrientes las medidas de excepción.
“Francia entrará de forma permanente en un régimen de excepción”, estima la Liga de derechos humanos. “Con este proyecto de ley las autoridades se meten en un juego muy peligroso”, advierte la sección francesa de la organización Amnistía Internacional. “Está en plena contradicción con el espíritu del estado de urgencia que por definición es excepcional y limitado en el tiempo”, señala Anaïs Vrain, secretaria nacional del sindicato de la magistratura.
Toda esta alarma ha coincidido con una resolución del Consejo Constitucional, ayer conocida, que declaraba anticonstitucional la prohibición de manifestarse a ciudadanos concretos practicada por el anterior gobierno en el marco del estado de urgencia.
Esa facultad adjudicada a los prefectos se aplicó contra 683 ciudadanos desde la entrada en vigor del estado de urgencia y hasta el pasado mayo, pero lo más significativo es que en la mayoría de los casos –en 574 de ellos– no se aplicó por asuntos de terrorismo, sino a los adversarios de la reforma laboral. El Gobierno prepara una nueva versión de esa reforma mucho más radical que la existente, que fue rechazada por un 70% de los franceses según las encuestas.
“Bajo la cobertura del estado de urgencia, centenares de militantes, defensores del medio ambiente o de los derechos laborales han sido privados de su derecho a manifestarse”, señala Amnistía Internacional. Más de 2.000 personas fueron detenidas durante las protestas sociolaborales de la primavera del año pasado en las que sólo en París se registraron un millar de heridos por parte de la policía.
“El reto de estas elecciones legislativas (primera vuelta el domingo) ha cambiado de naturaleza en las últimas horas, todo el derecho social y el sistema de libertades individuales de nuestro país está ahora en cuestión”, señalaba el jueves un dramático llamamiento del líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que menciona el “riesgo de un golpe de Estado social” e intenta contrarrestar los malos pronósticos de su movimiento, Francia Insumisa, uno de los polos de oposición que podría verse arrasado en la consulta del domingo.
La preocupación por las consecuencias prácticas de una arrolladora victoria del movimiento de Macron en las legislativas, es decir, la desaparición pura y simple de la oposición de las instituciones, es compartida por la derecha, cuyo campo también se disuelve como azucarillo en café con leche ante el programa atrapalotodo de Macron, incluida la integración jurídica del estado de urgencia, una medida en plena sintonía con las recetas del Frente Nacional.
“Imagínense una Asamblea con Los Republicanos (conservadores) y los socialistas ampliamente batidos, y sobre todo con una Francia Insumisa y un Frente Nacional débilmente representados pese a haber obtenido el 40% del voto”, dice el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher. “En tal caso, el riesgo de que la ira se vierta en la calle llegará muy rápido”, agrega.
“El riesgo de que la ira se vierta en la calle podría llegar muy rápido”, observa el presidente del Senado