Los paraísos perdidos
El PSOE pide la reprobación del ministro Montoro, y el Gobierno lo defiende
Los inspectores de Hacienda defienden que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula por unanimidad la amnistía fiscal del 2012 dificultará que en el futuro se aprueben normas similares.
Colean las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida el jueves, que anuló por unanimidad la amnistía fiscal del 2012, aunque sin consecuencias para los 30.000 beneficiarios de la regularización. El presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, defendió ayer que el fallo del Alto Tribunal dificultará que en el futuro se aprueben nuevas amnistías fiscales, incluso aunque sea tramitado como ley ordinaria.
En declaraciones a Efe, Groba resaltó que los argumentos de fondo de la sentencia “van a la esencia” del artículo 31.1 de la Constitución, donde se establece que el deber de todos los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
Desde que se conoció la sentencia, el Gobierno trató de rebajar la relevancia al fallo, al atribuir el reproche del Constitucional al mero error formal de aprobar la amnistía fiscal mediante un decreto ley. En el mismo sentido se expresó ayer el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, quien salió en defensa de su compañero de Gabinete, Cristóbal Montoro. “Cuenta con todo el apoyo del Gobierno”, afirmó, al tiempo que esquivaba las preguntas sobre el varapalo judicial por la acusación del Constitucional al Estado de haber “abdicado”.
Méndez de Vigo confirmó que Montoro hizo una breve explicación en el Consejo de Ministros sobre el fallo del Constitucional. Además, el portavoz remarcó que la amnistía fiscal sirvió para evitar “un desastre, el rescate” de España. La decisión de recurrir a esta regularización extraordinaria, indicó, se produjo poco después de que el Gobierno de Mariano Rajoy se encontrara con que “el déficit del 2011 alcanzara los 93.000 millones euros, en lugar de los 60.000 anunciados por el ejecutivo anterior, el de José Luis Rodríguez Zapatero”. “Es una de las medidas que han contribuido a que España esté a la cabeza de los países que más crecen y más empleo crean”, llegó a decir el ministro portavoz. Méndez de Vigo señaló que la amnistía fiscal se tomó en una “situación excepcional”.
Al tiempo, aumenta la presión sobre Montoro, el padre de la amnistía que hizo aflorar 40.000 millones de euros y una recaudación para las arcas del fisco de casi 1.200 millones de euros –la mitad de lo previsto–. A la espera de saber qué día comparecerá el ministro de Hacienda para dar cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional, el PSOE adelantó ayer que planteará la reprobación del ministro. Los socialistas argumentan esta reprobación –la primera en toda la democracia fue contra el máximo responsables del departamento de Justicia, Rafael Catalá, hace sólo unas semanas– señalando que Montoro “ha beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes”.
A diferencia de lo ocurrido con Catalá, no está tan claro que Ciudadanos acabe apoyando la reprobación de Montoro ya el jueves se desmarcó de otros grupos de la oposición al evitar pedir la dimisión del ministro de Hacienda. Ayer, el líder de la formación, Albert Rivera, anunció una interpelación al impulsor de la reforma fiscal ahora anulada. Al tiempo, evitó pronunciarse sobre una eventual petición de dimisión, hasta que Montoro dé las correspondientes explicaciones en el Congreso de los Diputados. Rivera señaló que le preguntará si “era consciente de que la amnistía estaba hecha a medida de los corruptos”.