El Gobierno muestra contención e irá al TC si se pasa de anuncios a hechos
Reitera su oferta de dialogar y acabar con una estrategia que considera fracasada
El Gabinete de Rajoy reitera que el referéndum de independencia “es ilegal y no se celebrará” El Ejecutivo asegura que intenta introducir elementos de “racionalidad y afecto” en el conflicto
Contención en la respuesta. Y en la forma de darla, y guardar los cartuchos para cuando de verdad los responsables de la Generalitat o del Parlament dejen de hacer anuncios y pasen a los hechos. Por eso, y a pesar de la solemnidad de la puesta en escena en la que el presidente de la Generalitat y su vicepresidente anunciaron la fecha y la pregunta del referéndum independentista, el Gobierno de Mariano Rajoy quiso dar la mayor normalidad al hecho.
Tanto que, según aseguran las fuentes consultadas, Rajoy y sus ministros estaban reunidos en Consejo de Ministros y no se pararon para escuchar la intervención de Carles Puigdemont, aunque sí estuvieron puntualmente informados del contenido de su anuncio. Y el Ejecutivo decidió tratarlo como eso, como un anuncio, que merecía una respuesta normal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y una respuesta del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ni siquiera de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que sí bajó al terreno hace tres semanas para hacer su oferta de diálogo e invitar a Puigdemont a acudir al Congreso.
La de ayer fue una respuesta, pues, contenida, y en la línea de siempre: “El referéndum de autodeterminación es ilegal y no se celebrará”; el Gobierno actuará y llevará al Tribunal Constitucional todo acto que sea ilegal y contrario a la Constitución, en cuanto haya un papel, “porque no se peca de pensamiento”, y la oferta de diálogo sigue viva y seguirá hasta el final. Si el presidente de la Generalitat quiere hablar, “que acuda al Congreso”, según Méndez de Vigo, sin condicionantes, ni siquiera la de ir con una propuesta que al final se someta a votación.
Si algo vio ayer el Gobierno en el “anuncio del anuncio”, fue todo malo para los responsables del proceso soberanista. Vio una estrategia “más minoritaria que nunca, más unilateral que nunca, y más radical que nunca”, por lo que, a su juicio, lo ocurrido ayer en el Palau de la Generalitat no pasa de ser “una escenificación” dirigida más a demostrar que siguen unidos, en unos momentos en que abundan las desavenencias, subrayó Méndez de Vigo, que algo que suponga un paso más en el procés ,yquesi demuestra alguna cosa es que “cada vez son menos, y que sólo están ya los más radicales”.
La Moncloa, por ello, no quiere entrar a valorar ni la fecha ni el contenido de la pregunta. Para el Gabinete son cuestiones secundarias, porque “ese referéndum no se va a celebrar”. Además, el Gobierno ve a los soberanistas en una estrategia fracasada, tras la reunión del Pacte Nacional pel Referèndum, y con el “varapalo” que, a su juicio, les ha dado la Comisión de Venecia. Y una última crítica del portavoz, la de haber utilizado el Palau de la Generalitat, “la casa de todos los catalanes”, para hacer un anuncio “que perjudica a la mayoría de los catalanes”. Y todo unido a un mensaje para los funcionarios, que contarán con el apoyo del Gobierno central, porque no tienen que asumir responsabilidades que van en contra de la ley, ni nadie debe forzar su exigida neutralidad.
Funcionarios que según el CSIF, sindicato minoritario en Catalunya pero mayoritario en la administración central, se están dirigiendo a él para pedir información sobre cómo deben actuar ante las órdenes que sean ilegales, tras conocer que han elaborado un protocolo que tiene el beneplácito del Gobierno y que señala, por ejemplo, que pidan las órdenes por escrito si creen que no son legales.
El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, espera que no se llegue a eso, y por eso, el esfuerzo del Ejecutivo, ayer, tras el anuncio de la fecha del referéndum y de la pregunta, se centró más que nunca en hacer constantes llamadas al diálogo, que permita buscar soluciones y no abundar en la estrategia de los actos ilegales. “Vamos a seguir intentando el diálogo, porque creemos que lo bueno sería debatir, y que sea un diálogo sin condiciones, sin caducidad, pero dentro de la ley”, indicó.
Un cambio de actitud que, a juicio del Gobierno de España, le corresponde dar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque el Ejecutivo de Rajoy lo que quiere hacer es “introducir elementos de racionalidad y afecto”.