El Gobierno del TC
El Tribunal Constitucional es una cosa muy seria. Es lento como todo lo que en España lleva nombre de tribunal. A veces dicta sentencias sobre asuntos que los ciudadanos ya habíamos olvidado. Probablemente el jueves hubo jóvenes que, al leer su sentencia sobre la llamada reforma fiscal, se preguntaron si alguna vez hubo en España una amnistía fiscal. Pero el TC no se casa con nadie. No se casa ni con Cristóbal Montoro, que quizá sea el hombre más temido del país, y no por él, que es una bellísima persona, sino por los instrumentos que se manejan en el ministerio que dirige.
El TC, que en cualquier otra nación es un órgano del Estado poco conocido, en este país se ha convertido en el gobierno auténtico. Muchos catalanes piensan –y en ocasiones lo parece– que sólo trabaja para respaldar al Gobierno en su política de cierre de salidas a la independencia, pero el jueves demostró que también le arrea al Gobierno cuando le tiene que arrear: de un plumazo constitucional se cargó el decreto ley de regularización de capitales en el extranjero del que siempre se habló como amnistía fiscal. Lo hace con cinco años de retraso, pero de forma contundente. Incluso implacable. Es el auténtico Gobierno de la nación. Al ser el intérprete de la ley fundamental, matiza, corrige, recorta, frena, anula y destruye sin posibilidad de apelación todo aquello que se sale del marco de la ley.
De este modo, poco importa que el Gobierno presente como un éxito la identificación de bienes y dinero en otros países. Poco importa que el total identificado ascienda a 95.000 millones de euros, 20.000 millones más que la deuda oficial de Catalunya. Y poco importa todo lo dicho por Montoro en estos cinco años: al tribunal le importa que el trato dado a los evasores que se confesaron al fisco avala el fraude fiscal o contradice la igualdad que proclama la Constitución. La sentencia, como otras anteriores y otras de diversos tribunales, plantea qué capacidad de iniciativa tiene un gobierno si un juez individual o un grupo de jueces se propone tumbar una de sus decisiones. “Que se someta a la ley”, responderán los legalistas. “Si siempre se aplicase la ley, no habría forma de gobernar”, replicarán los posibilistas partidarios de Trump.
En todo caso, al Gobierno y al Estado les viene de perlas esta sentencia pensando en lo que ocurrirá en Catalunya: la probable (desengáñense, no segura) convocatoria del referéndum unilateral. Rajoy cumplirá al milímetro su promesa: recurrir al TC el menor paso que se dé hacia la separación. Primero vendrá la suspensión de acuerdos o leyes. Después, la inhabilitación de sus autores. Se buscarán delitos con lupa, desde la prevaricación hasta la malversación de fondos públicos. Puigdemont –y Junqueras, si le acompaña en las decisiones con su persona o su firma– será tratado como gobernante que ha delinquido. El Diari
Oficial de la Generalitat nunca fue leído con tanto detalle en la Abogacía del Estado. ¿Y quién tendrá la última palabra antes de que la Fiscalía presente sus querellas? El que tiene todo el poder: el Tribunal Constitucional.