Una fecha y una pregunta
CARLES Puigdemont, presidente de la Generalitat de Catalunya, anunció ayer la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia. La fecha será el 1 de octubre. La pregunta será: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”. Hacía tiempo que las entidades soberanistas le urgían a que precisara estas dos cuestiones. Y hacía tiempo también que tanto la fecha como la pregunta eran ya, al menos de un modo muy aproximado, conocidas.
El anuncio se efectuó con la solemnidad a la que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo catalán en los sucesivos actos del procés. El president estuvo rodeado por su vicepresidente, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los miembros del Govern, todos los diputados de Junts pel Sí y siete de la CUP.
En medios soberanistas se estima que el anuncio de ayer inaugura el tramo final de la vía hacia la independencia unilateral, que esperan sancionar con el referéndum previsto para el 1-O, antes de cuatro meses. Portavoces soberanistas apremiaron ayer a dar pronto el siguiente paso, el de la convocatoria oficial de la consulta. Es la lógica, por así llamarla, de la prisa, que se ha verbalizado en numerosas ocasiones, y que no tiene en cuenta que la mayoría de la que dispone el independentismo, siendo absoluta en el Parlament, es del 47,8% en lo tocante a votos, lejos de una mayoría cualificada como la que requiere una reforma de gran calado como la ahora planteada; por más que algunos dirigentes soberanistas insistan, faltando a la verdad, en que están cumpliendo la voluntad “de todo un pueblo”.
Desde otras ópticas, por el contrario, la trascendencia del anuncio se minimizó. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, señaló que el acto de ayer no se traducía en nada concreto, pero añadió que la firma de una futura convocatoria sería recurrida. E insistió en la idea de que el referéndum no se va a celebrar porque es ilegal y, como tal, no será tolerado por el Gobierno central. Tampoco los socialistas aplaudieron las palabras de Puigdemont. José Luis Ábalos, portavoz parlamentario del PSOE, manifestó: “No estamos de acuerdo, no aceptamos ese desafío”. Por no hablar de la oposición no independentista del Parlament, cuyos líderes tacharon las palabras del president de vanas, y el referéndum de octubre, a lo sumo, de reiteración del 9-N.
Desde una óptica ciudadana, el acto de ayer, que escamoteó la posibilidad de una posterior rueda de prensa, deja demasiadas preguntas en el aire. Algunas, relativas a su intendencia. Por ejemplo, ¿cómo se protegerá a los funcionarios llamados a participar en el referéndum? O ¿qué censo se utilizará? O ¿dónde se comprarán las urnas? O ¿en qué locales se colocarán? O ¿cómo se hará la campaña institucional de fomento del voto? Otras preguntas son de mayor enjundia. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido de la ley de desconexión, que, pese a su trascendencia, se oculta a los ciudadanos y se pretende aprobar sin dar margen de maniobra a la oposición? O ¿qué hará el Govern si, una vez convocado el referéndum, el Tribunal Constitucional lo anula?
Son, a nuestro entender, preguntas pertinentes, y más después de que el president insistiera ayer en que el proceso en curso ofrece todas las garantías, sin dar más detalles... Por suerte, según recordó ayer el Gobierno, y como ha declarado en otras ocasiones Puigdemont, queda todavía tiempo para una salida pactada.