Arrecia la disputa por el papel de los funcionarios en la votación
Millo advierte de la posibilidad de inhabilitar a quien colabore con el 1-O
Un día después de que el presidente de la Generalitat anunciase la fecha y la pregunta para el referéndum de independencia, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, volvió a poner el punto de mira en los funcionarios, a los que advirtió de inhabilitaciones si deciden tomar parte en su organización. “Si un funcionario premeditadamente opta por infringir sus obligaciones como servidor público, obviamente se tendría que enfrentar a las consecuencias”. Y añadió que “los políticos, los funcionarios y las empresas que pudieran participar en procedimientos ilegales corren el riesgo de quedar inhabilitados”. “Eso ya ha pasado”, precisó en alusión a las condenas al expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsellera Irene Rigau y al exconseller Francesc Homs.
Millo, que realizó estas declaraciones en el programa Via Lliure de RAC1, se interesó por conocer el acta de la reunión extraordinaria del Consell Executiu del viernes en la que se acordó el calendario de la consulta. “Me interesa poder leer esa acta para ver exactamente, sobre el papel y firmado por los asistentes, cuál es el compromiso y cómo lo piensan desarrollar. Sería necesario leer ese documento, ver qué dice, estudiarlo y, a partir de aquí, tomar medidas, si es necesario”, señaló.
Las advertencias del delegado del Gobierno fueron contestadas en el mismo programa por la secretaria general de ERC y portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, quien declaró que, “ante las amenazas del Gobierno español”, el Ejecutivo catalán
Rovira precisa que serán los cargos electos los que asumirán las responsabilidades del referéndum
trabaja para garantizar “la máxima preservación de los funcionarios”, y afirmó que serán los diputados y cargos públicos los que asumirán las responsabilidades del referéndum independentista. También instó al Gobierno del PP a que explique “cómo impedirá que se celebre el referéndum, con qué base legal y por qué amenaza a los funcionarios”.
Rovira señaló que declaraciones como las del delegado del Gobierno se basan en la falacia de que para organizar una jornada electoral ordinaria son imprescindibles los funcionarios, cosa que, según dijo, no es cierta. “El Gobierno sabe que, según la ley electoral española, no es necesario que participen los funcionarios, no dice en ningún sitio que se tenga que poner a un funcionario a ejercer las funciones de coordinador. Dice que tiene que haber una persona designada por el ayuntamiento y acreditada por la Generalitat”. La portavoz de Junts pel Sí explicó que la Generalitat está intentando reproducir el mismo formato de las jornadas electorales que se han hecho en Catalunya desde hace treinta años y que no habrá nada “excepcional”, salvo la “preservación máxima de los funcionarios” ante las amenazas del Gobierno central.
“Trabajamos para que todo lo que pase el 1 de octubre recaiga sólo en responsabilidades políticas –afirmó–. Seremos los cargos electos, diputados, y cargos políticos los que asumiremos todas y cada una de las responsabilidades de la jornada electoral”.