El varapalo del TC a Montoro
LA dura sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el 2012 es la prueba de que el TC no se para ante nada ni nadie. El varapalo ideológico que contiene la resolución del Alto Tribunal afirma que el Ejecutivo abdicó de una de las competencias fundamentales del buen gobierno: “Hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.
Aunque formalmente el TC anula la ley de amnistía fiscal por el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe acudir al decreto-ley cuando queden afectados “de forma relevante y sustancial” los deberes de los españoles, en el fondo la sentencia va mucho más allá. Acusa al Gobierno de avalar el fraude fiscal, lo que sin duda es una manifestación de calado que la oposición ha recogido de inmediato exigiendo la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Aunque el Ejecutivo y el PP se han apresurado en dar su apoyo a Montoro, y en una primera justificación han afirmado que la amnistía fiscal se aprobó para ajustar el déficit público a las exigencias de Bruselas y que de hecho evitó el rescate de la economía española, el TC aclara en su sentencia que ese argumento no “es suficiente”, pues por encima de todo hay “un deber de justicia” que se quiebra cuando se apoya a quienes actúan de forma insolidaria y que altera “el modo de reparto de la carga tributaria en la generalidad de los contribuyentes”. La sentencia dice de modo rotundo que aquel decreto ley “legitima la conducta de los evasores”.
Pero es que, además, aquella iniciativa fiscal resultó un fiasco por cuanto a Hacienda sólo le aportó 1.191 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto. Una cantidad muy exigua si se recuerda que el déficit de las administraciones públicas se cerró en el 2012 con casi 71.000 millones de euros, por lo que lo recaudado con la amnistía era apenas el 1,68%.
Aunque el TC no lo recoge explícitamente, hay que recordar que muchos de los que se acogieron a la amnistía fiscal están incursos en casos de corrupción y que, tras una primera exigencia de que los defraudadores pagaran sólo el 10% de lo blanqueado, finalmente se resolvió con un gravamen del 3%. Una regularización menos que blanda, que, por la presión de la ciudadanía, terminó por acabar con el blindaje que el Ejecutivo había prometido a los defraudadores. Datos relevantes, que explican el profundo malestar provocado en la opinión pública, y que el ministro no podrá obviar en sus explicaciones al Congreso.
La ley anulada no afecta, sin embargo, a los que se ampararon en ella para regularizar o blanquear su situación con el fisco, porque lo que la sentencia desmonta es el procedimiento y no la regularización. El TC no impide que haya otras amnistías, aunque la resolución las complica de forma notable.
Otra cosa son las consecuencias políticas. Montoro, que ni será cesado ni dimitirá, es un baluarte en los gobiernos de Rajoy y aún es más fuerte tras haber logrado el apoyo del PNV en los presupuestos del 2017. Su prevista comparecencia en el Congreso coincidirá con las fechas en que el hemiciclo tiene que debatir las bases de los presupuestos del 2018. También con la moción de censura que Podemos planteará. No son buenos datos para el titular de Hacienda, para el que con toda probabilidad la oposición pedirá su reprobación, que contará con el apoyo del PSOE y Podemos, y cuyo resultado final dependerá de la posición de Ciudadanos.