Independencia manu militari

El proceso soberanista se sobrepone a sus propias y evidentes debilidades con el ejercicio del autoritarismo, sin “andarse con contemplaciones” que es una de las acepciones de la expresión coloquial manu militari. Con las variables que manejan los estrategas de la independencia de Catalunya no habría otro modo que tirar por la calle de en medio, arrollar la legalidad constitucional, eludir la estatutaria y despreciar la aritmética de las urnas para evitar lo que, a la postre, será inevitable: Catalunya no será a las bravas un Estado independiente ni tampoco a las bravas se va a celebrar una consulta de independencia, cuya fecha está ya está fijada (1 de octubre próximo) y cuya pregunta ha sido formulada (“¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?”). Los independentistas están operando –y lo saben– sobre ficciones reformuladas como certezas, cada día más cuestionadas.

Las clases dirigentes de Catalunya que no denuncian este atropello debieran releer el ensayo de Hannah Arendt titulado Verdad y mentira en política recientemente reeditado (Editorial Página Indómita). La intelectual judía –la más eminente del siglo XX– constata en su texto que “la verdad y la política no se llevan demasiado bien y nadie, que yo sepa, ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas”. Hasta tal punto parece haber una incompatibilidad entre verdad y política que Arendt se pregunta: “¿Forma parte de la propia esencia de la verdad el ser impotente, y de la esencia misma del poder, ser falaz?”. A lo largo de su ensayo, trata de dar respuesta a esa cuestión, concluyendo que “las mentiras, que a menudo sustituyen a medios más violentos, bien pueden contemplarse como herramientas relativamente inocuas en el arsenal de la acción política”.

En Catalunya se pretende que unas elecciones autonómicas –que en su atribuido aspecto plebiscitario fueron un fracaso para los independentistas– configuren una mayoría que no es electoral sino meramente parlamentaria. Se intenta que el Parlament de Catalunya –excediendo de sus competencias y traicionando la legitimidad que procede de la Constitución– la sustituya con una ley de transitoriedad que, a mayor abundamiento, no requiere mayoría cualificada –ni siquiera podrá ser debatida como ley ordinaria porque se ha impuesto que sea aprobada por el fulminante procedimiento de lectura única– y, last but not least, todo este proceso –más agónico que expeditivo– implica la subversión jurídica en un sistema constitucional occidental, custodiado por un Tribunal Constitucional, lo que implica una rareza absoluta en el ámbito de las democracias liberales existentes en Occidente.

La consecuencia es que la independencia y el referéndum para lograrla no se persiguen ya por métodos persuasivos sino autoritarios en el propio espacio institucional y político catalán e insurreccionales y subversivos en el ámbito estatal, lo que configura una auténtica modalidad de “golpe de Estado”. Esta realidad no es una opinión sino una verdad factual. La imprescindible Hannah Arendt escribe que “lo más inquietante es que las verdades factuales incómodas, si bien se toleran en los países libres, son a menudo transformadas, en forma consciente o inconsciente, en opiniones”. Esa transformación –no se sabe con qué éxito– se ha producido en Catalunya pese a que ha habido episodios fuertemente empíricos como el 9-N del 2014 que dieron la medida de la adhesión popular a un denominado “proceso participativo” que arrojó unas cifras minoritarias y, en todo caso, suficientes para contradecir las certidumbres en las que se basa el independentismo.

Cuando se afirma que estas ficciones conducen al fracaso del proceso –lo que es una verdad si se analizan los elementos fácticos en los que se fundamenta– se atribuye a esa aserción un carácter coactivo. También Arendt en Verdad y mentira en política se refiere al hecho de que “la verdad conlleva un elemento de coacción” y a que el “compromiso con la verdad de hecho es considerado como una actitud antipolítica”. Es cierto, como sostiene la ensayista, que “ninguna opinión es obvia por sí misma” pero existen elementos objetivables. Los hay en el proceso soberanista en Catalunya tan abundantes que son suficientes para concluir que si no es por medios autoritarios, alejados de las buenas prácticas de las democracias liberales, el independentismo tendría que darse a sí mismo una larga moratoria, abandonar actitudes y comportamientos tramposos con la deontología democrática y cesar en esa práctica de oponer la opinión al hecho.

“En su obstinación, los hechos son superiores al poder”, escribe también Hannah Arendt que añade: “La verdad, aunque resulte impotente y siempre salga derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza peculiar: hagan lo que hagan quienes ejercen el poder, son incapaces de descubrir o inventar un sucedáneo viable de ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla”. Por lo que a este asunto respecta es evidente la existencia de un problema de carácter político, con fuertes y legítimos contenidos emocionales, que, sin embargo, no autoriza a quebrar los protocolos democráticos ni a apelar a los valores patrios para justificar la manu militari que se trata de emplear con el Parlament, con la oposición, con la parte muy importante de la sociedad que no comparte el fin secesionista, con el cumplimiento de la ley y con la manipulación de la legitimación del Estado de derecho constitucional que los catalanes votaron entusiásticamente en el año 1978.

Por otra parte, ¿qué derecho titularizan los independentistas para destruir arbitrariamente el complejo puzle jurídico-político de España entera conseguido esforzadamente en una transición que costó sangre (el terrorismo), sudor (cesiones) y lágrimas (renuncias recíprocas), incurriendo en la pésima hipérbole de responder a un agravio con un comportamiento trabucaire?

El independentismo debería darse una larga moratoria,

abandonar actitudes tramposas

y cesar en esa práctica de oponer la opinión al hecho