Derribo inaplazable y ruinoso
La justicia obliga al Ayuntamiento de Alcanar a tirar ya al suelo 32 casas declaradas ilegales, indemnizar a la constructora y pagar la demolición
Cuenta atrás definitiva para los 32 apartamentos que casi quince años atrás levantó la empresa Turov, de Badalona, en la urbanización Serramar de Alcanar (Montsià), saltándose a la torera la legislación urbanística con el beneplácito del entonces gobierno municipal, comandado por el PSC. La promotora, que ya quebró, edificó casi cuatro veces más del límite marcado en el plan urbanístico municipal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) emitió una primera sentencia en el 2012 ordenando la demolición de las 32 viviendas, pero la batalla judicial librada por los propietarios que compraron años antes los inmuebles pensando que eran legales, y el propio Consistorio, han ido retrasando el derribo.
Tras años de litigio, sin posibilidad de presentar más prórrogas ni suspensiones cautelares, los tristemente famosos apartamentos de la calle Buganvilia tienen los días contados. El alcalde actual, Alfons Montserrat (ERC), asegura que “a causa de la complejidad de la actuación, no puede saber cual será la fecha para llevar a cabo las obras de derribo”. Podría ser antes del verano o, a muy tardar, en septiembre. La junta de gobierno local ha acordado notificar a los propietarios y ocupantes de los inmuebles afectados la reactivación del proceso de demolición, cuyas obras fueron adjudicadas en febrero. La empresa encargada de tirar al suelo las viviendas ya ha recibido la notificación municipal. Tic tac.
“El Ayuntamiento sigue lo que dicta la sentencia y ya ha puesto en marcha todos los trámites administrativos correspondientes”, añade el alcalde. El conocido caso Turov se ha convertido en el último lustro en un quebradero de cabeza y amenaza ruinosa para el gobierno municipal actual, que no autorizó la ilegalidad. La licencia de obras la firmó el entonces alcalde de Alcanar, Ricard Bort (PSC), en julio del 2003, pocas semanas después de que el PSC hubiera ganado las elecciones municipales.
Una primera sentencia ya declaró nula la licencia de obras en el 2006, tras la denuncia de un particular. La constructora demandó al Consistorio en el 2010 y exigió una indemnización de 6,8 millones, pero el juez la desestimó recordando a Turov que siguió vendiendo apartamentos a pesar de saber que la licencia era nula.
A pesar de que ha quedado acreditado que se edificaron 32 apartamentos plurifamiliares cuando la normativa urbanística de la zona, calificada como ciudad jardín, permitía sólo nueve casas unifamiliares, ningún cargo político ha asumido responsabilidad alguna. Tampoco los promotores, que hicieron un negocio redondo. Además del perjuicio generado a las arcas municipales, los principales damnificados son los propietarios.
Sólo uno de los apartamentos sigue habitado como vivienda principal, mientras que el resto son segundas residencias. Tras una década de litigios, ahora sólo les queda esperar la notificación oficial, que ya han empezado a recibir algunos vecinos, para que vacíen sus casas y se proceda al derribo. “Si el Ayuntamiento ha pagado a Turov, que menos que indemnice a las personas”, destaca Xavier Martínez, presidente de la comunidad de vecinos.
“El Ayuntamiento aprobará en el pleno un compromiso para hacer frente a las eventuales indemnizaciones por los apartamentos de los vecinos afectados”, asegura el alcalde. El juez obliga al Consistorio a garantizar que podrá indemnizar a los propietarios antes de empezar a derribar sus casas. El gobierno local ha empezado a negociar las indemnizaciones con los propietarios, que compraron de buena fe, sin sospechar nada. “El punto de partida son los 133.000 euros por casa, lo que se ha pagado a Turov. Queremos cerrar esta pesadilla. Hemos luchado hasta el final, pero ya se ha acabado”, apostilla Martínez.
El Consistorio se enfrenta a nuevos pagos a la promotora, que ya quebró, y a los propietarios