Puigdemont quiere hacer el referéndum con voluntarios
El Govern busca 4.500 personas para la organización, en lugar de funcionarios Intentará reclutar a otras 75.000 para las mesas electorales
JOSEP GISBERT
Barcelona Puigdemont garantiza que ningún empleado público será obligado a participar en la consulta La ley del referéndum pondrá en marcha una sindicatura electoral de juristas y politólogos
La organización del referéndum recaerá en manos de voluntarios, que el Govern acreditará como agentes electorales representantes de la Administración catalana. El presidente de la Generalitat anunció ayer, en este sentido, la creación de una bolsa de voluntarios, abierta a funcionarios y a toda la ciudadanía en general –parados incluidos, por ejemplo–, de la que saldrán los encargados de la logística del 1-O, unas 4.500 personas aproximadamente. A pesar de que habitualmente son empleados públicos –sobre todo municipales– los responsables de la organización de las elecciones, el Govern quiere impulsar una fórmula que, de hecho, algunos ayuntamientos ya ponen en práctica en los distintos procesos electorales para dejar claro que ningún funcionario será obligado a participar en la consulta.
En pleno debate sobre el papel que tendrán los trabajadores públicos en el referéndum y de las garantías reclamadas en esta dirección por los sindicatos, Carles Puigdemont quiso aprovechar la sesión de control en el Parlament para tranquilizarles. La voluntad del Govern es que la consulta se parezca al máximo a cualquier otra convocatoria electoral, en las que recuerda que ninguna legislación habla de la participación de funcionarios, sino exclusivamente de representantes de la Administración. La ley orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), no obstante, sí que se refiere a que “los secretarios de los ayuntamientos son delegados de las juntas electorales de zona” (artículo 11.4), extremo que la legislación catalana que dé cobertura al 1-O prevé sortear atribuyendo la responsabilidad a uno de los agentes electorales acreditados, que serán los que se encargarán de las tareas de coordinación y supervisión del referéndum.
Los aproximadamente 4.500 agentes electorales que salgan de la bolsa de voluntarios podrán ejercer, en concreto, de coordinadores o formar parte de las comisiones de incidencias y de recuento, es decir, serán los encargados de velar por el buen funcionamiento de la jornada electoral, con funciones que irán desde garantizar la apertura de los colegios hasta recibir llamadas relacionadas con cualquier percance. Y la principal diferencia entre estos voluntarios y los del 9-N, aunque puedan parecer lo mismo, es que los del 1-O serán formados, acreditados y nombrados por el Govern. Además de esta cifra, el Govern calcula también que serán necesarias unas 75.000 personas para formar parte de las mesas electorales –con una previsión máxima de 8.000 urnas–, que es probable que se escojan por sorteo entre la ciudadanía como ocurre en el resto de elecciones, aunque de momento todavía no está decidido quién lo llevará a cabo (habitualmente lo hacen los ayuntamientos).
Los pormenores que faltan por concretar se sabrán cuando a finales
de mes se hagan públicos “todos los detalles técnicos y legales que avalen que el referéndum se hará con todas las garantías”, según reiteró el presidente de la Generalitat, es decir, cuando se conozca el contenido de la norma legal que le dará cobertura. Una norma que incluirá la creación de una sindicatura elec- toral –el equivalente a la junta electoral–, formada por juristas y politólogos de prestigio, y que preverá igualmente que en los casos de los ayuntamientos que no quieran colaborar con la cesión de colegios electorales y la designación de coordinadores locales sea el Govern el que los supla con sus propios recursos. Es la misma dinámica que ya se produjo el 9-N, cuando el Govern habilitó institutos de su titularidad como locales electorales, con la particularidad de que en esto caso los coordinadores locales necesarios saldrán de los agentes electorales acreditados (la Generalitat tiene un convenio con los ayuntamientos de Barcelona y Badalona para designarlos habitualmente). Lo que sí es seguro es que en ningún caso el Govern podrá utilizar el censo electoral oficial para el referéndum.
El acto de concreción de todos los detalles sobre el 1-O es previsible que siga el mismo estilo solemne y coral de los últimos celebrados en el Palau de la Generalitat sobre, primero, la reafirmación del compromiso con la consulta y, después, el anuncio de la fecha y la pregunta. La diferencia es que esta vez es probable que el protagonismo no lo tenga el Govern, sino los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP –que son los que han estado trabajando el nuevo texto legal– y que el escenario sea precisamente el Parlament, con muchas probabilidades el próximo día 30. En todo caso, el bloque independentista no tiene intención de registrar oficialmente todavía la ley que ampare la consulta, a pesar de que Miquel Iceta retó ayer a Carles Puigdemont a hacerlo y este lo descartó con el argumento de no dar excusas a la Fiscalía para actuar. La previsión es no entrarla formalmente en el Parlament hasta después de vacaciones.
De momento, los trámites que se van cumpliendo son menores. El último de ellos, el fin del concurso de homologación de empresas para el suministro de material electoral para las elecciones al Parlament, en el que han sido escogidas cuatro para proveer papeletas, sobres, impresos electorales y manual de instrucciones para los miembros de las mesas.