Las divisiones internas empiezan a resquebrajar el chavismo en público
La fiscal general se enfrenta al Gobierno de Maduro y actúa contra el Supremo
El chavismo no es homogéneo, aunque lo parezca. Las discrepancias internas existieron desde sus inicios y se acentuaron tras la muerte de Hugo Chávez pero los distintos sectores que se reparten el poder en Venezuela han sabido cerrar filas públicamente, con la excepción de las depuraciones que se produjeron en estos 18 años. No obstante, la deriva autoritaria, las muertes en las protestas callejeras y la crisis económica están haciendo que las críticas internas empiecen a salir a la luz.
Una chavista crítica es nada menos que la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, cuyas últimas actuaciones cuestionan el principal argumento de defensa del Gobierno de Nicolás Maduro: su legitimidad democrática por las urnas. Con sus últimas decisiones cuestionando a los magistrados del Tribunal Supremo y la convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente sin sufragio popular, Ortega desnuda la nula separación de poderes y confirma el autoritarismo de un régimen que en dos décadas ha logrado controlar todas las instituciones del Estado, forzando una legalidad construida a medida.
En realidad, la fiscal general no cesa de presentar iniciativas que dejan en evidencia a Maduro. Primero presentó un recurso contra la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente formada por miembros designados prácticamente a dedo por el Gobierno. La sala Electoral del Supremo rechazó el lunes el recurso de Ortega y el martes la fiscal aumentó su apuesta iniciando un proceso contra ocho magistrados de la sala Constitucional, solicitando su suspensión y pérdida de inmunidad. Además pidió el cese de otros 33 jueces del Supremo que a su juicio fueron designados ilegítimamente por el parlamento cuando aún era controlado por el chavismo pero ya se habían celebrado los comicios que dieron mayoría a la oposición.
“La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación”, dijo Ortega en referencia a los ocho magistrados del Supremo que el 29 de marzo decidieron que el máximo tribunal usurpara las competencias del Parlamento y retiraron la inmunidad a los legisladores. Aquel día dio comienzo la ola de protestas opositoras que ya dura dos meses y medio y ha dejado 69 muertos. Precisamente fue Ortega quien, al posicionarse públicamente contra esa decisión del Supremo, forzó que Maduro –acusado de autogolpe– convocara una reunión del Consejo de Defensa tras la cual los magistrados anularon su fallo, quedando patente que no existe separación de poderes en Venezuela.
A pesar de la rectificación, Ortega considera que el delito no se puede “corregir” y que los jueces conspiraron contra el sistema democrático. “Quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias”, agregó la fiscal. Además, Ortega abjura ahora de su participación en el Consejo Moral Republicano, formado por el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, e insiste en que en su día se negó a firmar las designaciones de magistrados del Supremo por parte del Parlamento chavista, aunque destacados miembros del Gobierno aseguran que nunca mostró su discrepancia.
Entre las múltiples protestas que cada día convoca en todo el país, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha llamado también a los antichavistas a acompañar con manifestaciones en Caracas las acciones de Ortega, quien no hace mucho tiempo era considerada ultrachavista por la organización opositora.
Por su parte, el marido de Ortega, el diputado chavista Germán Ferrer, asegura que su familia se siente amenazada pero no tiene miedo. “Hemos recibido acoso, si se puede decir, desde el punto de vista de la familia, carros apostados en las inmediaciones de las viviendas nuestras de manera amenazante”, dijo Ferrer. “No podemos temerle a esta situación porque, en definitiva, si caemos en esa trampa del miedo, pues sencillamente aquí en Venezuela no se puede decir absolutamente nada y yo creo que lo que está privando es un talante democrático por parte de la institución, del ministerio público”, agregó.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional la mayoría opositora ya ha iniciado el proceso de sustitución de los magistrados del Supremo cuestionados por Ortega, en lo que se advierte como un nuevo enfrentamiento institucional en un país que adolece de falta de instituciones independientes.