Tics autoritarios

El domingo, Pep Guardiola leyó un manifiesto –escrito por las entidades soberanistas– durante el acto en Montjuïc ante las Quatre Columnes de Puig i Cadafalch. El entrenador ha recibido numerosas críticas –también muchos insultos– por haber participado en esta jornada pro referéndum y, sobre todo, por haber pronunciado la expresión “abusos de un Estado autoritario”, en referencia a las actuaciones de los poderes estatales contra el independentismo. Guardiola es un catalán universal que hace uso de su libertad de expresión y eso molesta a los mismos que, en cambio, aplauden cuando otros deportistas se manifiestan en sentido contrario. El linchamiento mediático de Guardiola dice mucho de cómo se entiende el pluralismo desde el Madrid oficial, un fenómeno que ilustra justamente lo que denuncia el técnico del Manchester City. Pero Guardiola no tiene que justificarse ni necesita mi defensa ni la de nadie. Lo que sí merece una reflexión es el adjetivo “autoritario” aplicado al Estado español.

Este martes se ha conocido la sentencia unánime del Tribunal de Estrasburgo que condena al Estado español por haber vulnerado la Convención Europea de los Derechos Humanos en el caso de la inhabilitación de Juan María Atutxa y dos exmiembros de la Mesa del Parlamento vasco, por haberse negado a disolver el grupo parlamentario que entonces era la marca electoral de la disuelta Batasuna. La Corte europea considera que los tres imputados no tuvieron la oportunidad de defenderse y presentar sus argumentos ante el Tribunal Supremo. Casi una década más tarde de aquel episodio, la justicia europea da la razón a tres personas que fueron tratadas como delincuentes por los tribunales españoles. ¿Es España un Estado autoritario? Aquella vez, en el 2008, actuó con procedimientos arbitrarios típicos de un régimen no democrático, como ha sido certificado solemnemente por un tercero. No es una opinión. Fue –seamos exactos– un abuso propio de un Estado autoritario, por utilizar la frase leída por Guardiola. No es la primera vez que ocurre.

El mismo Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español en otras ocasiones. Por no haber investigado las denuncias de torturas presentadas por los independentistas catalanes detenidos en 1992 por orden del juez Garzón. Y por la misma dejadez en la detención en el 2003 de Martxelo Otamendi, que era director del diario Egunkaria, un medio que –por cierto– fue cerrado de manera arbitraria por orden judicial, extremo que siete años después fue reconocido por la Audiencia Nacional, al absolver a cinco directivos acusados de ser de ETA. ¿Provoca todo eso que España sea hoy un Estado autoritario? Estos hechos no acreditan una calidad democrática que permita sacar pecho. Son ejemplos que colocan el Madrid oficial más cerca de los estándares democráticos de Caracas que de Copenhague. Datos irrefutables, como lo es el intervencionismo gubernamental en la esfera judicial, un ataque a la separación de poderes que ha sido denunciado por fiscales y jueces que no quieren doblegarse al capricho de un Gobierno rodeado por numerosos casos de corrupción. ¿De qué tipo de Estado es propio quitar y poner fiscales a conveniencia? Las democracias más serias no funcionan así.

La manera como el Gobierno español aborda la situación en Catalunya, desde el 2010, no tiene nada que ver con el estilo británico con Escocia ni con el estilo canadiense con Quebec. Allí se ha votado y aquí se inhabilita y se multa a los políticos que se han comprometido a consultar a la ciudadanía. Allí los poderes del Estado reconocen que hace falta una solución política a partir de escuchar a la gente y aquí todo pasa por la amenaza, la coerción, la guerra sucia y la represalia. Soy crítico con algunas decisiones de los dirigentes independentistas (el tenim pressa, el depender de la CUP o el no haber corregido la hoja de ruta a la vista de los resultados del 27-S) y con determinadas sobreactuaciones que sólo van destinadas a los convencidos. El independentismo debía hacer una especie de reset y no lo hizo. Pero, con todos sus aciertos y errores, nadie puede negar que la causa del derecho a decidir se ha desarrollado de manera pacífica y democrática, por lo que no puede ser tratada como un grupo terrorista, como una conspiración golpista o como un caso de delincuencia organizada. Si eso pasa –y está pasando intensamente–, es lógico y normal que muchas personas en Catalunya consideren que el Estado español vulnera –desde dentro– su propia naturaleza democrática y que sufre una deriva autoritaria en relación con la sociedad catalana y el movimiento independentista, que siempre ha pedido poder organizar un referéndum pactado.

El manifiesto que leyó Guardiola habría podido ser más matizado y menos tajante. La frase más polémica se habría podido redactar con más habilidad, para no dar carne fácil a la fiera, ávida de decir y repetir que los de la estelada son el demonio. Con todo, háganse esta pregunta, por favor: ¿qué tenemos ante nosotros cuando los tics autoritarios se convierten en costumbre?

Muchas personas en Catalunya creen que el Estado sufre una deriva autoritaria respecto del independentismo