El Parlament extiende la asistencia sanitaria pública a todos los residentes
Personas no empadronadas que demuestren su arraigo también están incluidas
La universalización de la asistencia sanitaria en Catalunya aprobada ayer en el Parlament enmienda con rango de ley una de las secuelas de la reforma que llevó acabo del Partido Popular en el 2012, que dejó fuera del sistema sanitario a quienes no fueran titulares o beneficiarios de la Seguridad Social y que afectó especialmente a los extranjeros que se quedaban sin trabajo y, por tanto, sin permiso de residencia.
En Catalunya se corrigió esta exclusión –porque la asistencia sanitaria universal a cargo de fondos públicos aparece en el Estatut– a través de dos instrucciones sucesivas que ahora se han condefinido vertido en una ley. La norma que se aprobará previsiblemente esta mañana elimina condiciones anteriores, como llevar al menos tres meses empadronado en algún municipio catalán. Ahora, el derecho a tarjeta se establece desde el momento que se solicite con el padrón o si se puede demostrar arraigo en el territorio. Esa otra manera de demostrar que se vive en Catalunya se ha introducido a petición de entidades que atienden a personas con riesgo de exclusión, porque a su entender, muchos de los excluidos del sistema sanitario tampoco están en disposición de empadronarse y necesitan en cambio estar cubiertos sanitariamente. Serán probablemente estas entidades las que certifiquen de algún modo aún no que efectivamente esas personas viven en Catalunya.
El objetivo principal es que todo residente que pueda demostrarlo acceda de forma natural a la cartera de servicios básica que proporciona el Servei Català de la Salut y a costa de sus presupuestos. Actualmente se atiende a 137.000 personas en este tipo de situación y con los cambios de la ley, que elimina el plazo de tres meses, la cifra podría crecer.
También introduce la nueva ley el derecho a atención sanitaria para los catalanes que residen fuera. Este colectivo pierde su tarjeta sanitaria al cabo de seis meses sin cotizar en España gracias al actual real decreto vigente. La nueva ley catalana prevé una tarjeta sanitaria que se activa al regresar –por días, semanas y hasta dos meses– que se podrá renovar si se pasa más tiempo en Catalunya. Se podrán beneficiar quienes estén inscritos en el registro de catalanes en el extranjero que gestiona Exteriors.
También se reconoce derecho a la asistencia a quienes viviendo en Catalunya trabajan fuera de la Unión Europea, como los que están empleados en Andorra.
La vuelta a la universalización tiene ámbitos de cierto riesgo de turismo sanitario y de fraude de
Los catalanes que vivan fuera recuperarán su derecho a la sanidad pública cada vez que vuelvan
ley. El ámbito que más preocupa es el de los trasplantes de órganos. España es líder en este tipo de soluciones y la ejemplar red asistencial funciona a partir de una sociedad muy convencida y colaboradora con las donaciones, absolutamente altruista. Se ha empezado a detectar un cierto efecto llamada que la normativa deberá prever en el reglamento. El fraude de ley obligará a pagar la asistencia proporcionada o, por ejemplo, quedar excluido de las listas de trasplante.
Todos los centros sanitarios que prestan esta atención tendrán que exhibir claramente, de forma visible y comprensible que existe este derecho de acceso universal a las prestaciones. Y el Catsalut deberá informar de forma proactiva a todos los centros para que no se repitan errores de cobro. Sólo están excluidos de ese derecho quienes estén de paso y tengan recursos o estén cubiertos por el sistema sanitario de su país.