El Parlament denunciará la “regresión democrática” ante la ONU
JXSÍ, la CUP y Sí que es Pot se quejarán de las acciones judiciales contra el soberanismo
La judicialización de la causa catalana a partir de la persecución de los políticos soberanistas por parte de las instituciones del Estado será denunciada en los foros internacionales. Esta es, cuando menos, la voluntad de la moción sobre “la libertad de expresión de los cargos electos y la separación de poderes en el Reino de España” aprobada ayer por el pleno del Parlament. Una moción que prevé presentar una “queja formal” al Comisario de Justicia de la Unión Europea, al Consejo de Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a diversas instancias de la ONU (el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero no el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, a pesar de que inicialmente figuraba en el texto) por las actuaciones políticas y judiciales que “vulneran la libertad de expresión y el principio de inviolabilidad de los cargos electos” de Catalunya y a raíz de las cuales “pueden ser encausados”.
La propuesta, que salió adelante con los votos a favor de Junts pel Sí, la CUP, Catalunya Sí que es Pot y el diputado no adscrito Germà Gordó y en contra de Cs, PSC y PP, también insta al Govern a hacer lo propio y “denunciar la intromisión en la labor del Parlament en todos los ámbitos, especialmente en las instituciones europeas e internacionales que velan para garantizar los derechos fundamentales y las libertades individuales y comunitarias”. La moción, presentada por Junts pel Sí, fue transaccionada finalmente con la CUP y Catalunya Sí que es Pot a partir de las enmiendas formuladas por estos dos grupos: en el caso de la CUP para reforzar la idea de que la “regresión democrática” en España afecta no sólo a los políticos, sino al conjunto de la ciudadanía, y en el de Catalunya Sí que es Pot para enfatizar que el principal responsable de esta dinámica y de la escalada de amenazas contra el bloque soberanista –entre ellas la acusación reiterada de “ser unos golpistas y querer perpetrar un golpe de Estado”– para “impedir la celebración de un referéndum efectivo” es el Gobierno del PP.
El resultado fue un texto que, además de llevar la denuncia de la judicialización al exterior, plantea igualmente la petición de apoyo a la comunidad internacional “para conseguir que la demanda expresada por el pueblo catalán en manifestaciones reiteradas de centenaque res de miles de personas y en el proceso participativo del 9-N sea respuesta por parte del Ejecutivo central de la única manera posible: permitiendo y facilitando la celebración de un referéndum”. La propuesta reprueba explícitamente las querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament –la presidenta (Carme Forcadell), un vicepresidente (Lluís Corominas) y tres secretarios (Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet)– por permitir el debate político y muestra su apoyo o todos los han sido “detenidos o procesados en ejercicio de la defensa de las libertades públicas”, en referencia, aunque sin citarles, a los condenados del 9-N o a los diversos cargos locales inculpados por la causa soberanista. Y, como argumento de autoridad de su tesis, cita el reciente informe del Síndic de Greuges en el que denuncia los “retrocesos en materia de libertad de expresión y separación de poderes en el Reino de España”.
La moción se compromete a revertir la situación en una Catalunya independiente, con el “compromiso político” del Parlament de “establecer una indemnidad democrática entendida como garantía de que en el futuro nunca más nadie será perseguido, detenido, procesado ni condenado por sus ideas ni el ejercicio de los derechos políticos de protesta”. Con todo ello, el debate que se produjo en el pleno con motivo de su aprobación reflejó perfectamente la división entre el bloque soberanista (Junts pel Sí, CUP y Catalunya Sí que es Pot) y el contrario a la celebración del referéndum (Cs, PSC y PP), cuyos representantes negaron la mayor, en el sentido de defender que España es un Estado perfectamente democrático en el que el independentismo no está perseguido y en el que, en consecuencia, “a nadie se le procesa por hablar, sino por hacer”.
El diputado del PP Alejandro Fernández lamentó especialmente que “se pretenda presentar a España como un país autoritario” y, en este contexto, fue el único que vinculó el contenido de la moción con la presencia del exentrenador del Barça, Pep Guardiola, en el acto del pasado domingo de las entidades soberanistas en defensa del referéndum, porque para él los dos hechos son la mejor muestra de “cómo el proceso ha degradado el debate político”.