La Fiscalía perseguirá el empleo de voluntarios para el 1-O
Maza asegura que actuará “sin ningún tipo de complejo ni exacerbación”
El fiscal general, José Manuel Maza, avisó ayer de que se actuará contra todas las iniciativas orientadas a organizar el referéndum, incluida la de utilizar voluntarios. Aunque Maza no fue muy explícito, no se actuaría contra estos, sino contra quienes los recluten.
LA EXPECTATIVA La Fiscalía estima que el TSJC admitirá en breve la querella por la licitación de urnas LA CAUTELA El Govern reitera la protección jurídica a los funcionarios que actúen de voluntarios
La querella por la licitación de las urnas puede ser nuevamente ampliada en breve. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, afirmó ayer que actuará “sin ningún tipo de complejo ni exacerbación” ante todas las iniciativas con las que se pretenda hacer posible el referéndum del 1-O, prohibido por sentencias muy explícitas del Tribunal Constitucional (TC). Y entre las que podrían merecer respuesta penal no descartó la relativa a la “bolsa de voluntarios” a la que se ha referido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como factor de apoyo para facilitar la consulta.
Maza manifestó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que no hay una decisión tomada sobre los voluntarios, pero que “la Fiscalía está para hacer cumplir la legalidad, y si entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley, actuaremos sin ningún tipo de complejo ni exacerbación de nuestra actuación”. La Fiscalía no ha precisado si perseguiría a los voluntarios o a quien los convocara. Pero en medios de la propia Fiscalía se señala que de existir reacción se centraría principalmente en los convocantes de la movilización.
Está claro, en todo caso, que la Fiscalía del Estado no quiere repetir la experiencia del 9-N. Entonces no hubo reacción antes de la jornada de la consulta, y luego en cambio se generó un problema interno cuando desde la Fiscalía General se quiso interponer una querella que los fiscales de Catalunya consideraban improcedente. Para evitar episodios similares, desde la Fiscalía del Estado se siguen con suma atención los movimientos de la Generalitat.
En este contexto, y en relación con una pregunta concreta sobre los voluntarios, Maza dijo ayer que no iba a adelantar cuál sería la decisión frente a “una situación que es una mera hipótesis, porque no se ha producido” un llamamiento formal, pero añadió que “lógicamente, entrará dentro de la valoración de la Fiscalía” la evolución de esta iniciativa, como se ha hecho con otras desde la presentación de la querella sobre las urnas, en especial tras el acto en que Puigdemont anunció la fecha y la pregunta del referéndum. Este hecho ya fue puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) como relevante y para subrayar que la Fiscalía considera preciso que se produzca ya un primer pronunciamiento judicial sobre la querella.
En medios de la Fiscalía General se estima que el TSJC dará ese primer paso en breve. Pero se añade que, precisamente por ello, no hay que precipitarse. En este sentido, en dichos medios se está a la espera de constatar si el llamamiento a los voluntarios tiene algún efecto concreto o si más bien pone de relieve la falta de una respuesta homogénea en todos los ámbitos del territorio. Se subraya, al respecto, que posiblemente la reacción de apoyo resulte muy desigual entre unos y otros ayuntamientos.
Sin embargo, el Gobierno no ha dado ningún paso sobre el anuncio de Puigdemont de que hará el referéndum con voluntarios. No ha actuado aún contra esa decisión, porque “es un anuncio de otro anuncio”, de nuevo, “que revela una impotencia clara del president”, según el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. El hecho de que ahora Puigdemont esté pensando en “voluntarios como agentes electorales, no es serio”, añadió Méndez de Vigo. A su juicio, demuestra que sabe que el referéndum es ilegal, porque si no no habría ningún problema en que los funcionarios cumplieran con sus obligaciones, aseguró.
Para el Ejecutivo, “Puigdemont tiene que recurrir a los voluntarios, porque los funcionarios han recibido seguridad del Gobierno” de que no van a tener que participar en un acto ilegal, por eso el hecho de recurrir a voluntarios refleja también, dijo el ministro, “que el señor Puigdemont y el proceso soberanista tienen cada vez menos apoyo social”, como a su juicio se pudo comprobar el domingo, en la manifestación pro referéndum, que se suma, subrayó el ministro, “al rechazo de los organismos internacionales”, como ha ocurrido con la Comisión de Venecia.
El punto de vista del Govern es diametralmente opuesto al del Ejecutivo. Puigdemont y la consellera de Governació han asegurado que no se obligaría a los trabajadores públicos a participar en la organización del referéndum. Y que en caso de inscribirse como voluntarios tendrían garantizada la protección jurídica. Ayer, le tocó el turno a la secretaria de Administració i Funció Pública, Esther Obach, quien en una reunión con los sindicatos para devolver las pagas sustraídas a los funcionarios en el 2013 y el 2014, tranquilizó a los presentes al reiterar el mensaje de Puigdemont.
CC.OO., UGT y la Intersindical Alternativa de Catalunya agradecieron que se hablará de esta cuestión “con los funcionarios, y no de los funcionarios”. Aun así, aseguran que sus afiliados tienen “cierta inquietud” y, pese a que el Govern haya afirmado categóricamente que se empleará a voluntarios, exigieron que, si llegara el caso de recurrir al funcionariado, las órdenes llegaran por escrito. Obach recordó a los sindicatos que “este es un proceso político” y que las responsabilidades las asumirán los políticos”.