Los temas del día
La marcha atrás de Trump en el acercamiento a Cuba, y el choque entre Gobierno y Generalitat por la reciente convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos d’Esquadra.
EL desencuentro entre el Gobierno central y la Generalitat en materia de seguridad ha llegado a un punto preocupante. Lo prueban las declaraciones hechas ayer por José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. Nieto vino a decir, para justificar la no realización de una reunión de la Junta de Seguridad en la que participaran representantes del Ministerio del Interior y de la Conselleria de Interior, que “no se entendería una reunión de este tipo en un clima de desafío o confrontación, en el que no se respeta la lealtad entre administraciones o se utilizan términos como desobediencia”. En otras palabras, Nieto vino a achacar el aplazamiento sine die de tal reunión a las asperezas del proceso soberanista. Como si el conjunto de la ciudadanía no mereciera siempre los máximos niveles de protección, sea cual sea la coyuntura política.
Llueve sobre mojado. Jordi Jané, conseller de Interior de la Generalitat, se lamenta de las dificultades que halla para establecer comunicación con su homólogo estatal. Dice llevar diez días intentando hablar con el ministro Juan Ignacio Zoido, por teléfono y por carta, sin éxito. Lo cual es asombroso. A esta incomunicación hay que añadir otro hecho reciente, que ha sentado muy mal en la Generalitat. El Gobierno acaba de suscribir un acuerdo con el Ejecutivo vasco por el que se integrará a la Ertzaintza en los foros policiales estatales y en las bases de datos de la Europol. Esto es algo que reclama Catalunya para los Mossos desde tiempo atrás, sin resultados positivos. Además, la Generalitat, que solicita la convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos, se ha topado con un requerimiento del Ministerio de Hacienda que advierte de que sólo podrá contar con 50. A pesar de que Gobierno y Generalitat acordaron años atrás que la plantilla de los Mossos, ahora con 16.783 agentes, debería tener 18.267 hacia el año 2020. Es decir, cerca de 1.500 más de los que tiene hoy.
Sabemos que las relaciones entre los gobiernos español y catalán no atraviesan su mejor momento. Pero sabemos también que la contribución catalana a las arcas estatales sigue siendo la habitual; o sea, que los catalanes siguen pagando sus impuestos, a cambio de los cuales esperan servicios. Y sabemos que las amenazas a nuestra seguridad no van a disminuir porque en un despacho se decida una cosa u otra. Carece, pues, de sentido esta falta de colaboración por parte del Gobierno. Y confiamos en que no se deriven de ella riesgos evitables que, llegado el caso, pudieran propiciar sucesos indeseados. Eso revelaría una irresponsabilidad enorme e imperdonable. Con la seguridad no se juega.